Abogados de Brasil exigen respuesta a los pedidos de juicio político contra Temer

La influyente Orden de Abogados (OAB) de Brasil se dirigió hoy a la Corte Suprema para exigir que se inste a la Cámara de Diputados a responder a 25 peticiones de juicio político presentados contra el presidente Michel Temer.

La OAB, colegio que agrupa a los profesionales del Derecho en el país, consideró en un documento presentado al Tribunal Supremo que el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, fiel aliado de Temer, incurre en actos de “abuso” y “omisión”, al postergar una respuesta a esas peticiones, presentadas hace más de tres meses.

Según la Constitución brasileña, una solicitud de juicio político con miras a la destitución de un jefe de Estado debe ser analizada por el presidente de la Cámara baja, pero Maia, hasta ahora, no se ha pronunciado sobre las que han sido presentadas contra Temer, uno de ellas de la OAB.

En ese último caso, así como ocurre con otras 21 peticiones de diversas organizaciones sociales, se exige la apertura de un proceso parlamentario contra Temer por supuestos actos de corrupción en los que ha sido implicado por directivos del grupo JBS.

Los dueños de esa empresa han dicho en el marco de un acuerdo de cooperación judicial sobre asuntos de corrupción que sobornaron a Temer desde 2010 y que incluso mantuvieron esas prácticas una vez que asumió el poder, en mayo del año pasado, tras la destitución de Dilma Rousseff por irregularidades en la gestión de los presupuestos.

Las acusaciones de JBS llevaron a la Fiscalía a presentar cargos formales contra Temer por supuesta corrupción activa, pero el pleno de la Cámara baja, que por imperativos constitucionales decide sobre la aceptación o no de una denuncia contra un mandatario, resolvió en julio pasado con una amplia mayoría de votos que fuera archivada.

En caso que de uno de las peticiones de juicio político formuladas contra Temer sea aceptada, se abriría un proceso similar al que llevó a la destitución de Rousseff, que implica un engorroso trámite de unos seis meses en las dos cámaras legislativas.

El proceso comenzaría en la Cámara de Diputados, que decidiría en su Pleno si existen fundamentos jurídicos para una destitución, y en caso de avanzar concluirá en el Senado, que sería responsable del juicio político junto a la Corte Suprema.