Abogados de presos de ETA se querellan contra el juez Velasco por prevaricación al imputarles “delitos inexistentes”

La querella contra Velasco fue presentada ante el Tribunal Supremo el pasado 22 de octubre, según han anunciado en una rueda de prensa celebrada en Bilbao los letrados Jone Goirizelaia y Alfonso Zenon, que han explicado que “ya tiene juez instructor” designado, que ha dado traslado al fiscal, y se está a la espera de la resolución.

En esta causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional están imputados por integración en organización terrorista, fraude fiscal y blanqueo de capitales doce abogados detenidos en enero de este año, además de otros dos, Arantza Zulueta y Jon Enparantza, arrestados en 2014 en la operación contra los mediadores del colectivo de presos de ETA. También en el marco de este proceso, declarará el próximo 2 de diciembre ante el Tribunal Supremo el senador de Amaiur Iñaki Goioaga.

Goirizelaia y Zenon han explicado que, en la querella contra Velasco, se acusa al juez de un delito de prevaricación porque imputa a los acusados “una serie de delitos totalmente inexistentes”. También alude a la “detención ilegal” que, a su entender, se produjo, puesto que los abogados “estaban a disposición de la Justicia, habían comparecido en el procedimiento y planteado que iban a comparecer en cualquier momento que fueran llamados”, por lo que “no había ninguna necesidad de detención” en función de la legislación vigente.

La defensa de los abogados ha indicado que el auto del juez Velasco recoge que la financiación del Colectivo de Abogados-BL se realizaba a través de Herrira “mediante la sufragación de la asistencia jurídica de los miembros del EPPK”, que cifra en 766.112 en 2012 y 792.200 euros en 2013 y señala que la Hacienda pública “no tiene constancia” de estos ingresos. El auto considera que el colectivo de abogados “habrían defraudado 270.336 euros en concepto de cuota de IVA”, por lo que les atribuye dos delitos fiscales correspondientes a estos dos ejercicios.

La resolución judicial añade que, “de lo anterior, se infiere que los miembros del colectivo BL serían, asimismo, presuntos responsables de dos delitos de blanqueo de capitales al haber adquirido, poseído y utilizado y convertido las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública a sabiendas de que procedían de un delito contra la misma”, han explicado sus portavoces.

Según ha detallado Goirizelaia, el juez afirma que en Hacienda “no se tiene constancia de ingreso alguno” declarado por los abogados y basa las imputaciones de delitos fiscales y blanqueo de capitales en un informe de la Guardia Civil que se fundamenta únicamente en el modelo tributario 347 presentado por los letrados, que tiene solo “carácter informativo” y en el que se declaran ingresos y gastos mayores de 3.000 euros por cada cliente o proveedor.

Sin embargo, ha denunciado, no se ha analizado ni las declaraciones del IVA ni los Impuestos de Sociedades de los abogados imputados, a pesar de que “se encuentran en poder” de la Guardia Civil y del juzgado.

En este sentido, ha expuesto que los letrados acusados ejercen la abogacía de manera colectiva, salvo uno de ellos, a través de las sociedades Larrun, Noain y Zugarrondo, y todos ellos han presentado sus declaraciones fiscales a las haciendas forales y abonado cantidades que ascienden a 62.831 euros en 2012 y 69.778 euros en 2013. “Es absolutamente falso que no hayan ingresado ninguna cantidad a Hacienda”, ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que la imputación del juez es “colectiva” y, “para que pueda haber un delito de estas características, cada persona y para cada delito tiene que defraudar al año 120.000 euros”.

De este modo, ha planteado que “la única conclusión posible es que no hay fraude fiscal” y, en consecuencia, tampoco “blanqueo de capitales porque consistiría en no ingresar las cantidades y usarlas para actividades ilícitas o ilegales”. Asimismo, ha señalado que la defensa ha presentado certificaciones de Hacienda foral de que están “al corriente de todos sus pagos”.

PARA “CRIMINALIZAR”

Goirizelaia ha denunciado que “se trata de imputaciones no ajustadas a derecho, falsas, llevadas a cabo con el fin de criminalizar las actividades de los abogados para poder iniciar acciones contra ellos en el marco de este procedimiento, sin importar la verdad de los hechos y sin una investigación justa y no arbitraria”.

La defensa de los abogados ha lamentado, asimismo, que ha solicitado como prueba un informe pericial por parte de las haciendas forales, pero llevan “dos meses esperando la resolución de que se haga la prueba”.

Asimismo, sus portavoces han reclamado la puesta en libertad “inmediata” de Enparantza y Zulueta, que se encuentran en prisión provisional desde hace dos años, así como de Javier Carvallido y Jon Mintegiaga, dos de las personas que fueron arrestadas en el marco de la operación contra los abogados. “No hay razón alguna legal para mantener a estas personas en prisión”, han insistido.