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Activistas de Greenpeace protestan frente al Congreso contra la “Ley Mordaza”
Un grupo de ocho activistas de Greenpeace ha protestado hoy contra la aprobación del Código Penal y de la ley de Seguridad Ciudadana frente al Congreso de los Diputados, donde se han concentrado amordazados, vestidos con las camisetas amarillas de su organización y con pancartas rechazando la “Ley Mordaza”.
Las fuerzas de seguridad no les han permitido acercarse hasta las escaleras de La Puerta de Los Leones del Congreso, donde se desarrolla hoy el debate de las reformas del Código Penal y de la ley Seguridad Ciudadana.
Tras ser identificados por la Policía, los activistas se han retirado y han abandonado la protesta, según explica Greenpeace en un comunicado y han confirmado fuentes parlamentarias.
Con esta concentración Greenpeace quería denunciar que las reformas que hoy se aprueban “suponen un recorte de los derechos de libre expresión, reunión y manifestación, recogidos en la Constitución Española”, según ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de la organización.
“Ante el incremento de las protestas y las nuevas formas de reivindicación que surgen para luchar contra la precariedad social, el Gobierno ha optado por la represión en lugar del diálogo. En vez de solucionar el origen del descontento o de adaptar el rumbo de sus políticas, el Gobierno ha elegido intimidar al ciudadano a través de multas desorbitadas”, ha añadido Soto.
En el comunicado, Greenpeace rechaza el aumento de las penas y sanciones que se incluyen en estas reformas por conductas relacionadas con el ejercicio de los derechos de libre expresión, reunión y manifestación.
Asimismo, especifica que en el caso de Greenpeace se incluyen tipos nuevos de infracciones como desplegar pancartas en fachadas o manifestarse en la puerta de instalaciones de energía térmica o nuclear.
“Las sanciones económicas, de hasta 30.000 euros en el caso de las graves o 600.000 en el caso de las muy graves, resultan del todo desproporcionadas y tienen como objetivo desincentivar a la ciudadanía a que ejerza sus derechos fundamentales”, concluye.
