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Acuerdo en el Congreso para pedir al Gobierno más medios para implantar la segunda instancia penal

El Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a dotar a la Administración de Justicia de mayor personal, infraestructuras y medios materiales para conseguir una correcta implantación de la segunda instancia penal, a la que se busca reforzar "de manera urgente".

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Acuerdo en el Congreso para pedir al Gobierno más medios para implantar la segunda instancia penal

La redacción definitiva de la iniciativa, aprobada por unanimidad, ha sido consensuada por el los grupos del PSOE y del PP para analizar la necesidad de incrementar las unidades judiciales en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.

Durante la defensa de la propuesta, la diputada socialista Soraya Rodríguez ha aclarado que el objetivo es promover de manera urgente la dotación de personal, infraestructuras y medios materiales necesarios especialmente en los territorios con extensa jurisdicción y número de órganos judiciales.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha mostrado el respaldo a la propuesta ya que, a su juicio, en la anterior legislatura se tomaron iniciativas de reforma "sin afrontar estos problemas de fondo" por lo que ahora "toca paliar las carencias".

En su turno de palabra, el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Justicia, Jaume Moya, de En Comú, también ha apoyado la iniciativa aunque ha recordado que no van a dejar pasar la ocasión de recordar que todas las reformas procesales que propone Catalá no serán posibles sin la necesaria dotación de personal.

MERMA DE DERECHOS

El Grupo Socialista expone en su texto que la entrada en vigor de la Ley 41/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, ha tenido consecuencias muy diversas pero, prácticamente todas ellas han incidido en la merma de derechos para los ciudadanos.

Como ejemplo enumera la limitación de los plazos de instrucción, lo que a su juicio ha permitido que diversas causas queden impunes por la imposibilidad de llevar a cabo la instrucción en los plazos marcados. También expone que en los laboratorios de la Guardia Civil hay más de 20.000 pruebas de ADN sin identificar, lo que pone de manifiesto un retraso en el esclarecimiento de los delitos graves.

El texto dice que la reforma de la LeCrim tiene reflejo también en el número de asuntos resueltos por los tribunales entre abril y junio y que asciende a 1.712.685, lo que supone un 26,4 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2015, cuando la LECrim aún no había sido modificada y se contabilizaban los asuntos que han dejado de ingresar los Juzgados de Instrucción.

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