Acusado por pelotazo urbanístico de UM pacta condena y el pago de 1,7 millones

El exconseller del Territorio del Consell de Mallorca Bartomeu Vicens (UM), que está en la cárcel por otros casos de corrupción, ha pactado hoy con la Fiscalía una condena de 5 años y 9 meses de prisión, y devolver 1,7 millones de euros por diversos delitos en el “pelotazo” urbanístico conocido como caso Metalumba.

El otro político encausado en este procedimiento, el exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Vicens, también encarcelado por corrupción, ha admitido que cometió un delito de prevaricación por el que se le inhabilita para desempeñar cargos públicos durante 7 años.

Ambos gobernaban el Consell de Mallorca en la legislatura 2003-2007 cuando la presidenta de la institución y de la extinguida Unión Mallorquina (UM) era Maria Antonia Munar, también en la cárcel por otra causa.

La Audiencia de Palma ha acogido esta mañana el juicio del caso Metalumba una vez que los abogados de los acusados y la Fiscalía Anticorrupción, representada por Joan Carrau, han cerrado un acuerdo de conformidad.

La esposa de Vicens, Antonia Martorell, ha sido condenada a dos años de cárcel por falsedad continuada; Elisabet Diéguez, a la que se atribuía haber actuado de testaferro del exconseller de Territorio, ha quedado finalmente exonerada, y el contable Tomás Martín y el empresario John Leaners han aceptado sendas condenas de 11 meses de cárcel por falsedad.

La acusación contra el abogado Jaime Montis ha quedado sobreseída provisionalmente a expensas de que se recupere de una enfermedad mental.

Antes de alcanzarse el acuerdo, la Fiscalía reclamaba para Vicens 19 años y 3 meses de cárcel por delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública por la recalificación del polígono de Son Oms por parte del Consell de Mallorca en 2004, de manera que se posibilitó un “desmesurado incremento” de su edificabilidad.

El entonces responsable de Territorio del Consell de Mallorca utilizó la sociedad Metalumba, de la que era socio (15 %) junto a su esposa (85 %), para cobrar presuntamente comisiones del despacho del abogado Jaime Montis, que poseía unos terrenos revalorizados gracias al acuerdo del Consell de Mallorca y que se enfrentaba inicialmente a 5 años de cárcel.

Elisabet Diéguez ejercía, por amistad con la pareja, de administradora de Metalumba, que Vicens empleó para aflorar ingresos ilegales procedentes de cohechos, para lo que también hizo uso de facturas falsas que le facilitaron el contable Martín y el empresario Leaners.

Los 1,7 millones de euros que el exconseller de UM se ha comprometido a devolver son la suma de los sobornos que ingresó, de otros ingresos irregulares y de las cantidades que defraudaron a Hacienda tanto él como su esposa y la empresa común. Las cuentas y propiedades de la pareja están embargadas para asegurar que cumplen la parte económica de la condena.

Esta es la primera causa juzgada en relación a las infracciones urbanísticas y de los delitos de corrupción presuntamente cometidos en torno al polígono industrial de Som Oms por parte de antiguos altos responsables del Consell de Mallorca.

Bartomeu Vicens declaró en junio pasado, con ocasión del juicio del caso Can Domenge, que él entregó a Maria Antonia Munar dinero cobrado tanto por el amaño de la venta del solar público de Can Domenge como de Son Oms.