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Admitida a trámite una querella contra el exalcalde de Las Rozas y su equipo

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Admitida a trámite una querella contra el exalcalde de Las Rozas y su equipo

Admitida a trámite una querella contra el exalcalde de Las Rozas y su equipo

Un juzgado de Majadahonda ha admitido a trámite una querella formulada por la Fiscalía contra el exalcalde de Las Rozas Bonifacio de Santiago, y el resto de su equipo en dos Juntas Locales, por la supuesta comisión de delitos de prevaricación y desobediencia en relación al caso 'Ciudad del Fútbol'.

El magistrado del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 tiene previsto tomar declaración en diciembre al exalcalde y actual diputado autonómico del PP, al concejal Antonio Garde Fernández-Fontecha y a todas las personas que integraron la Junta Local en las sesiones del 24 de junio y el 23 de diciembre, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Estas juntas autorizaron por unanimidad conceder a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) una autorización provisional para emplear la finca conocida como la Ciudad del Fútbol, de titularidad municipal después de que varias sentencias dictadas a partir de 2004 anulasen el acuerdo de cesión de los terrenos a la RFEF.

En un escrito del pasado 18 de septiembre, la Fiscalía Provincial reclamó que se citase a declarar en calidad de imputados a las personas que integraban las juntas, así como a representantes de la RFEF, el interventor y técnicos municipales, al entender que la Junta Local se había negado "abiertamente" a dar cumplimiento a una resolución judicial.

El juez admite ahora a trámite la querella de la Fiscalía, a la que trasladó este caso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado mes de julio, tras ordenar al Ayuntamiento la ejecución de la sentencia de 2007 que confirmó la ilegalidad de la cesión de 120.000 metros cuadrados de suelo público efectuada en 1998 a la RFEF.

A raíz del fallo de 2007 que hacía firme una sentencia anterior de 2004, en junio de 2008 el Ayuntamiento de Las Rozas otorgó una concesión administrativa a la RFEF, que según expuso en julio de este año el TSJM "pretende burlar lo ordenado en sentencia firme".

La sección de ejecuciones del TSJM alegó además que no constaba que la administración municipal hubiese ejecutado la sentencia dictada en 2004 y posteriormente declarada firme "a pesar de las numerosas resoluciones que se han dictado en ejecución de la misma".

El auto del TSJM, contra el que no cabe recurso, otorgó un plazo "improrrogable" de 60 días al alcalde de la localidad para iniciar los trámites para otorgar la concesión de este bien de dominio público "con arreglo a derecho".

Además, ante "el reiterado abuso de derecho ejercicio por las partes", el TSJM acordó responsabilizar "personalmente" al alcalde de Las Rozas de la ejecución de la sentencia bajo apercibimiento de una multa diaria de 300 euros.

Entonces, también trasladó a la Fiscalía este caso por si los hechos fueran constitutivos de delitos de desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación.

En diciembre de 2007, el TSJM desestimó un recurso interpuesto por la RFEF contra el auto del año anterior que confirmó la ilegalidad de la cesión de 120.000 metros cuadrados de suelo público efectuada en 1998 por el Ayuntamiento de Las Rozas a la RFEF.

Ese auto de 2007 concedía al Ayuntamiento de Las Rozas un plazo de 30 días para recuperar la propiedad de la finca, donde la RFEF mantiene su ciudad deportiva y otras instalaciones.

Antes, en 2004, el Tribunal Supremo había anulado definitivamente la donación de la parcela y ordenado la devolución de la titularidad del suelo al Ayuntamiento.

La cesión del suelo fue aprobada por el Ejecutivo del alcalde Bonifacio de Santiago en un pleno municipal celebrado en 1998, con los votos en contra del PSOE e IU.

Ambos partidos denunciaron entonces que la operación era contraria a la ley porque los terrenos estaban calificados en el Plan de Urbanismo como bienes demaniales -de dominio público-, lo cual impedía su donación a una entidad privada como es la RFEF, cuya actividad no está orientada al uso y servicio de los vecinos.

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