La juez Alaya imputa a presidente de FCC Medio Ambiente y a directivos de Caja Rural

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha emitido un auto en el que imputa a seis personas más, entre ellas al presidente de FCC Medio Ambiente, Agustín García Gila, y a directivos de la Caja Rural de Granada en 2007, lo que eleva el número de imputados en esta causa a 229.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez explica que las nuevas imputaciones se derivan de una póliza que el directivo de FCC y el director de recursos humanos de Cespa -una empresa de Ferrovial dedicada a servicios medioambientales-, Salvador Tudela Edo, firmaron en 2006 con el ex director general de Empleo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, tras un conflicto colectivo en Granada.

Guerrero, “sin la tramitación de expediente alguno y con falta de competencia para ello, remitiría escrito a Personal Life mostrando su conformidad para la suscripción de una póliza cuyos beneficiarios eran Cespa y FCC, con una renta total a percibir por estas empresas de 452.000 euros cada una de ellas”, señala la juez.

Los directivos imputados sabían, según Alaya, que todo se hizo “sin procedimiento alguno, sin que FCC-Medio Ambiente solicitara ninguna ayuda o subvención”, lo que tampoco hizo Cespa, y sin que ninguna tuviera capacidad para asumir subidas lineales de las pólizas.

La Junta de Andalucía asumió obligaciones que correspondían a las empresas, y los directivos sabían que esta actuación era “una mera liberalidad financiada con fondos públicos”, señala la juez antes de agregar que “la carencia de procedimiento llegaría incluso a que parte de la prima de estas pólizas fuera abonada mediante el sistema de pagos cruzados”.

Ambos directivos también sabían, según Alaya, que en las pólizas se incluyeron a seis intrusos relacionados con Guerrero, a los que se abonaron 1,4 millones de euros.

La juez también imputa al director general de la Caja Rural de Granada en 2007, Dimas Rodríguez, a la directora de inversiones de la caja, Rafaela Ruiz, y a José Miguel Martos, director de la oficina principal de la caja en Granada.

A ellos les acusa de participar en la iniciativa para conseguir que la entidad bancaria lograra que se amortizara el préstamo que había concedido a la entidad Comercial Alimentaria Dhul a través de la Junta de Andalucía.

La sexta persona imputada en el nuevo auto de Alaya es Rosario González Agulló, trabajadora de Vitalia, por su participación en unas rentas del consejo de administración de la empresa Hitemasa.