Alaya aplaza la declaración de los interventores, clave para la acusación

La juez Mercedes Alaya ha aplazado al 25 de febrero la declaración como testigos de los peritos de la Intervención General del Estado para que ratifiquen su informe en el que criticaban el sistema de concesión de los ERE, que es clave para la acusación contra los imputados.

La citación estaba prevista para mañana 19 de febrero, pero la juez ha dictado un auto retrasándolo seis días para que todas las partes puedan estudiar el contrainforme presentado por el expresidente José Antonio Griñán, que justifica el mecanismo usado para la concesión de las ayudas sociolaborales de los ERE.

El Tribunal Supremo, en la providencia del 16 de febrero que cita a declarar como imputados a Griñán y al expresidente andaluz Manuel Chaves, también pidió que los peritos de la Intervención amplíen su informe y emitan ahora uno nuevo “sobre los diferentes extremos en los que la defensa contradice a la aportada” por ellos en diciembre de 2013.

La juez, en su auto del 6 de febrero, citó a los peritos en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla para “concretar y avanzar” en la causa.

Fuentes del caso han dicho que las declaraciones de los peritos podrían durar una semana porque estarán presentes el Ministerio Fiscal y las partes personadas, que podrán hacer preguntas y aclaraciones.

La juez tendrá a su disposición, antes de oír a los peritos, el informe de dos catedráticos de derecho tributario aportado por Griñán en el Supremo, en el que se defiende el uso de las transferencias de financiación para conceder las ayudas de los ERE.

Los peritos de la Intervención General del Estado, por su parte, elaboraron en diciembre de 2013 un informe, que resulta clave para Alaya, en el que dijeron que las ayudas de los ERE en Andalucía prescindieron del procedimiento legal, lo que puede ser causa de su “nulidad de pleno derecho”.

En su informe, de 4.000 folios, la Intervención concreta varias decenas de irregularidades, entre ellas que los beneficiarios e importes eran elegidos con criterios “totalmente discrecionales” y las ayudas se concedían sin “resolución motivada”.

Los peritos subrayaron que “no consta que en el periodo 2000-2009”, los sucesivos consejeros de Economía “en el ejercicio de sus competencias, hayan adoptado las medidas necesarias para evitar dichas irregularidades”.

Ese extremo apoya la decisión de Alaya de imputar a la causa a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, a José Antonio Griñán -luego presidente de la Junta- y la exconsejera Carmen Martínez Aguayo.

Los peritos del Estado concluyen que las ayudas fueron otorgadas por el director general de Trabajo “sin competencia legal para ello” y, en las subvenciones de más de tres millones de euros, sin la preceptiva autorización del Consejo de Gobierno.

Además, se hizo sin publicitar las ayudas y sin establecer “los baremos, límites y condiciones de las subvenciones” y “sin aplicar los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión de subvenciones”.

Por ello, varias ayudas se concentraron en empresas de un mismo grupo o relacionadas en razón de sus dueños o administradores.