Alaya rechaza la coordinación entre la Policía y la Guardia Civil para los cursos

La juez Mercedes Alaya ha dictado un auto en el que desestima el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción en el que solicitaba, entre otras iniciativas, que la Policía y la Guardia Civil coordinaran la investigación de los cursos de formación impartidos con dinero público.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, Alaya indica: “Es claro que no podemos predecir las necesidades de la investigación en un futuro, pero en estos momentos de comienzo, donde la unidireccionalidad de criterios y decisiones es crucial, resulta absolutamente desaconsejable, y por ende improcedente, la intervención coordinada” de ambos cuerpos.

Si se coordinan en la investigación, la juez asegura que “lo único” que se obtendría en esta fase de instrucción serían “investigaciones parciales, y peor aún, seriamente afectadas por la investigación concurrente del otro Cuerpo”, lo que pondría en riesgo el “éxito” de las indagaciones.

En este sentido, Alaya asegura que eso fue lo que ocurrió en agosto pasado con el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda.

La juez precisa que la coordinación sí se va a mantener con otros cuerpos de la administración del Estado, como la Agencia Tributaria, la Intervención General o la dirección general de Inspección de Trabajo y de Seguridad Social.

La Fiscalía presentó un recurso tras el oficio de octubre pasado que la juez dirigió al director general de la Policía para que cesaran sus indagaciones que no estuvieran judicializadas y para que le remitiera las actuaciones relacionadas con sus investigaciones por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en los cursos.

La Fiscalía dijo en su recurso que compartían el criterio de la juez de que no pueden existir dos investigaciones paralelas por dos cuerpos, lo que supone, según la juez, que Anticorrupción “es consciente de la imposibilidad de esta coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”.

El Ministerio Público señalaba que no se puede ordenar a la Policía que cesara las investigaciones que desarrolla en varias provincias andaluzas por irregularidades en la concesión, gestión y justificación de los cursos.

“Las discrepancias que puedan existir entre diversas instituciones del Estado deberán encontrar sus vías de resolución a través de la comunicación fluida, honesta y completa”, indicaba la Fiscalía.

La Fiscalía insistía en que “la existencia de varios colectivos policiales que actúan en un mismo territorio con funciones similares y, al menos parcialmente comunes, obliga necesariamente a la cooperación recíproca y a su coordinación, siempre en un marco de lealtad que debe imponerse en un sistema constitucional como el nuestro”.

La operación Edu, continúa Anticorrupción, derivó en unas diligencias que quedaron divididas en distintos procedimientos y fueron turnadas y remitidas a fiscalías y juzgados de diversas provincias porque se trataba de expedientes provinciales del Servicio Andaluz de Empleo y de empresas de esas demarcaciones.

La juez dijo en su auto que recurrió la Fiscalía que las “consecuencias indeseables de pérdida de oportunidad, de dispersión de documentación y de actuación inadecuada difícilmente recuperable, pone en peligro la presente investigación y su éxito”.