Alaya rechaza una pensión de 1.840 euros al mes para el exconsejero Fernández

La juez Mercedes Alaya ha rechazado conceder la pensión de alimentos de 1.840 euros al mes que pedía el exconsejero Antonio Fernández con cargo a los 37.935 euros que le embargaron y justifica su negativa en que tiene una “situación económica muy por encima de lo que ahora pretende hacer ver”.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez recuerda que Fernández alegó, tras ser despedido como presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, que le ha sido inútil todo intento de encontrar trabajo y además se le han agotado las prestaciones por desempleo.

Añadía el exconsejero para justificar la pensión que carecía de medios económicos con los que atender sus necesidades básicas.

La juez, sin embargo, afirma que no se acredita la situación de necesidad en la que Fernández asegura encontrarse y tampoco que sea imposible que encuentre un empleo.

Alaya señala que si se le paga la pensión de 1.840 euros, en veinte meses se agotaría la indemnización que tuvo que pagar el exconsejero, lo que haría “inútil el embargo acordado pues no se prevé que la presente causa se encuentre resuelta definitivamente a corto plazo”.

La juez destaca la fianza impuesta por responsabilidades civiles a Fernández, que asciende “nada menos que a 807.403.232,44 euros”.

Apunta que, debido a la responsabilidad pecuniaria que en su día pudiera declarase, “hace más que necesario asegurar cuanto más bienes, especialmente dinero y efectivo sean precisos, en aras a evitar la carencia de bienes con los que afrontar una posible responsabilidad civil”.

En el auto, Alaya recuerda que la investigación patrimonial muestran indiciariamente un enriquecimiento ilícito porque en el año 2008 compró cuatro inmuebles, dos para él y dos para su hijo, que también serían parte del patrimonio del exconsejero, precisa la juez.

Por todo ello, la juez considera que es innecesario otorgarle una pensión de alimentos a Fernández y deniega su solicitud.