Alemania condena a cadena perpetua a un exalcalde ruandés por masacre a los tutsis

Un tribunal alemán condenó hoy a un exalcalde ruandés a cadena perpetua por un delito de genocidio en ese país centroafricano y su responsabilidad en la masacre, perpetrada en abril de 1994, de más de 400 tutsis.

La Audiencia Territorial de Fráncfort (oeste) subrayó, además, la especial gravedad de la culpa y descartó una posible puesta en libertad del acusado antes de tiempo.

La sala de lo penal determinó que Onesphore Rwabukombe, de 58 años, fue responsable como coautor de la masacre perpetrada en abril de 1994 en la ciudad de Kiziguro, en la que fueron asesinados al menos 400 miembros de la etnia tutsi que se habían refugiado en una iglesia católica.

“Fue un baño de sangre inimaginable, en el que el acusado, al que le llegaba la sangre hasta los tobillos, iba dando órdenes”, dijo el juez que preside la sala, Josef Bill.

Agregó que “el acusado actuó con premeditación y también con intención destructiva”.

“Sabía que como alcalde tenía el poder de iniciar la matanza y así lo hizo”, señaló el juez, quien dijo que mantenerse en el poder fueron los “motivos viles” que le llevaron a actuar de esa manera.

Tras un largo primer proceso, el exalcalde hutu fue condenado en febrero del año pasado por este mismo hecho a 14 años de cárcel.

La Audiencia Territorial de Fráncfort determinó entonces que el acusado, junto a otras personas, incitó al ataque, presenció la masacre, acercó al lugar a varios agresores y organizó el traslado de cadáveres a una fosa.

El Tribunal Supremo decidió en mayo pasado que con esas consideraciones se puede plantear una condena a Rwabukombe como coautor del delito, lo que conllevaría la cadena perpetua que desde un principio solicitó para él la Fiscalía alemana, por lo que ordenó a la Audiencia de Fráncfort la revisión del juicio.

La masacre objeto de este juicio se enmarca en el genocidio registrado en Ruanda hace dos décadas, en el que se estima que murieron un millón de personas.

Contra Rwabukombe, que vive en Alemania desde 2002 como peticionario de asilo, pesaba una orden de detención internacional, pero no fue extraditado a Ruanda por considerarse que ese país no ofrecía las garantías suficientes en un proceso penal.

Alemania decidió juzgarle en aplicación del principio de la jurisdicción universal para delitos contra la humanidad.