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Almagro nombra a tres juristas para evaluar si lleva a Venezuela ante la CPI
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha nombrado a tres juristas de Argentina, Costa Rica y Canadá para que evalúen si hay base para llevar al Gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Este “panel de expertos independientes” lo integran el argentino Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y antiguo secretario ejecutivo de la CIDH; el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la CorteIDH, y el canadiense Irwin Cotler, presidente del Centro de Derechos Humanos Raul Wallenberg y exministro de Justicia.
“M. Ventura, S. Cantón, I. Cotler, panel independiente que evaluará si en Venezuela hay crímenes de lesa humanidad”, anunció hoy Almagro en su cuenta de la red social Twitter.
En un comunicado, precisó que “los Gobiernos de Argentina, Canadá y Costa Rica dieron su beneplácito al nombramiento de sus reconocidos ciudadanos como expertos del panel”.
Este grupo revisará la información obtenida en las audiencias públicas de la OEA sobre los posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que comenzaron este jueves con declaraciones de representantes de la sociedad civil y siguen hoy con el testimonio de militares exiliados.
Las sesiones de octubre no están aún fijadas pero el grupo tendrá que emitir su recomendación a Almagro antes del 30 de ese mes, según una hoja informativa de la OEA.
A cargo de las audiencias está el exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo (2003-2012), nombrado por Almagro el pasado julio como asesor especial para crímenes de lesa humanidad, cargo por el que no cobra.
Si se concluye que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la CPI, estará por ver si es Almagro quien lleva el caso o si lo hace alguno de los 28 Estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal con sede en La Haya (Holanda).
Si lo hacen uno o varios Estados tendría más impacto, ya que no se trataría de una mera “comunicación” (algo que puede presentar cualquier persona o institución), sino de una “referencia” (exclusivas del Consejo de Seguridad de la ONU y de los Estados parte del Estatuto de Roma).
Con una “referencia”, la Fiscalía de CPI debe abrir automáticamente un examen preliminar, explicaron a Efe fuentes de La Haya.
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