Amnistía Internacional denuncia la “catastrófica” situación de la vivienda en Haití

Tres años después del terremoto que causó más de 200.000 muertos en Haití, “cientos de miles” de personas continúan alojadas en condiciones deplorables en una situación “catastrófica”, denunció hoy Amnistía Internacional (AI).

En su último informe sobre el país caribeño, la organización insta a las “autoridades y a la comunidad internacional” a convertir la cuestión de la vivienda en Haití en una de sus prioridades de ayuda.

AI recuerda que el terremoto sufrido el 12 de enero de 2010 dejó a más de dos millones de personas sin hogar y, tres años después, más de 350.000 haitianos continúan viviendo en 496 campos de refugiados distribuidos por el país.

Según testimonios recogidos en el informe, las condiciones en estos alojamientos temporales “están empeorando” pues la “falta de acceso a agua, saneamiento y eliminación de residuos” han contribuido a la propagación de enfermedades infecciosas, como el cólera.

Los más vulnerables, como las mujeres y los niños, están también expuestos a “agresiones y violaciones”, denunció la organización humanitaria.

“Como si la exposición a la inseguridad, enfermedades y huracanes fuera poco, mucha gente de estos campamentos improvisados también vive bajo el constante temor a ser desalojados por la fuerza”, declaró Javier Zúñiga, asesor especial de AI.

Según la Organización Internacional para Migraciones, casi 80.000 personas que viven en campamentos erigidos en terrenos privados, un 21 % del total de los refugiados, corren ahora el riesgo de sufrir un desalojo.

“Haití ya padecía un grave déficit de viviendas incluso antes del terremoto, pero para cientos de miles, la situación hoy en día es catastrófica”, recalcó Zuñiga.

El pasado abril, el Gobierno haitiano se comprometió a desarrollar un plan nacional encaminado a construir miles de casas, pero no ha detallado aún bajo qué condiciones podrán “los más pobres” tener acceso a una “vivienda adecuada y asequible”, señaló AI.

Desde agosto de 2011, a través del llamado “Proyecto 16/6”, financiado principalmente por donantes internacionales, familias refugiadas en campos han recibido un subsidio de 500 dólares, entregado en plazos durante doce meses, para pagar el alquiler de una vivienda que ellas mismas deben buscar.

Aunque la iniciativa ha beneficiado “a algunas familias”, indicó AI, los subsidios son “demasiado bajos” y la “ayuda a largo plazo” no existe, lo que genera incertidumbre y desanima a muchas personas a abandonar los campamentos.

“La actual política de vivienda del Gobierno parece estar más enfocada a evitar que la gente viva en las plazas públicas que a ofrecer viviendas seguras”, recalcó Zuñiga.