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Amnistía Internacional insiste en acusar a las fuerzas de seguridad de violar los derechos humanos

Se reúne con instituciones y partidos vascos para trasladarles sus recomendaciones, entre ellas acercamiento de presos etarras

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Amnistía Internacional insiste en acusar a las fuerzas de seguridad de violar los derechos humanos

Amnistía Internacional (AI) ha vuelto a acusar a las fuerzas de seguridad en España de cometer violaciones de derechos humanos y pide poner fin a esta "impunidad". Además, en relación con la situación creada tras el alto el fuego de ETA, esta organización pide que se garantice la "dignidad, justicia y reparación" a todas las víctimas, con independencia que quién haya perpetrado el crimen.

Estas son las ideas que el presidente de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, tiene previsto trasladar este miércoles en varias reuniones con dirigentes políticos e institucionales de Euskadi, entre ellos el lehendakari, Iñigo Urkullu. En una rueda de prensa en el Parlamento vasco, ha explicado que tiene previsto entregar una agenda de derechos humanos en Euskadi.

Según ha dicho la idea es plantearles un catálogo de recomendaciones sobre derechos humanos en un contexto marcado por el "doble reto" del cese del terrorismo de ETA y la crisis económica.

El máximo responsable de Amnistía Internacional en España ha explicado que en la guía elaborada por esta organización se subraya que no deben existir "espacios de impunidad" ni para los crímenes cometidos por ETA, ni para "las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado".

Por otra parte, ha explicado que debe garantizarse la "dignidad, justicia y reparación" a todas las víctimas, con independencia que quién haya perpetrado el crimen. Asimismo, ha reiterado la demanda de AI para que se elimine el régimen de incomunicación para las personas detenidas por determinados delitos.

Tras reunirse con la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, ha explicado que este documento pretende contribuir a establecer "un marco común" para que las administraciones de la comunidad autónoma trabajen sobre esta materia.

Beltrán ha destacado que Euskadi se enfrenta al "doble reto" que plantea el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA y la gravedad de una crisis económica que está derivando en una "crisis de derechos humanos".

TORTURA

Tras recordar que "toda la comunidad internacional ha indicado que determinadas legislaciones penales dentro del Estado vulneran los derechos humanos", ha denunciado que la incomunicación "propicia la práctica de la tortura y los malos tratos sin la adecuada supervisión judicial". Aunque ha rechazado que la tortura sea una práctica "sistemática" en España, ha asegurado que se trata de un problema "estructural", dado que los casos que se producen en el Estado son "más" que meras situaciones "aisladas".

Beltrán ha considerado necesario que se modifiquen determinados artículos de la Ley de Partidos Políticos para que no haya "ambigüedad" en su aplicación. También ha reclamado que se cambie el Código Penal, dado que alguno de sus apartados "pueden aplicarse a personas que reclaman fines como la independencia sin realizar actos violentos".

En materia penitenciaria, ha defendido la necesidad de que los presos de ETA cumplan sus penas "cerca de su lugar de arraigo", siempre "que sea posible y que lo soliciten individual".

CABACAS

El presidente de Amnistía Internacional España también ha dirigido una petición concreta al Gobierno autonómico, al que ha reiterado su solicitud de que la Ertzainza disponga de unos protocolos "claros" en el uso de los materiales antidisturbios. Tal y como ha indicado, estos dispositivos "pueden causar graves daños, incluso la muerte". En este punto, ha recordado el caso de Iñigo Cabacas, el joven fallecido el año pasado en Bilbao tras recibir el impacto de una pelota de goma lanzada por la Policía autonómica.

Por otra parte, en materia de derechos sociales, ha defendido la elaboración de normativas autonómicas "que garanticen que los ciudadanos se puedan defender si ven vulnerado su derecho a la salud o a la vivienda".

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