Amoná, el reto palestino de recuperar la tierra colonizada por Israel

A Ibrahim Yacoub la Justicia le ha reconocido como uno de los propietarios palestinos de la tierra en la que se asienta la colonia israelí de Amoná, pero teme que el proyecto de ley para evitar su evacuación le impida volver a cultivarla como hicieran cinco generaciones de su familia.

En las más de tres hectáreas de Cisjordania donde su tatarabuelo sembraba su sustento, defiende Yacoub, se asentó hace 20 años un grupo de colonos formando un “protoasentamiento”, colonia no autorizada por Israel y, como todas, ilegal bajo la ley internacional.

“Primero pusieron un tanque de agua, luego prepararon el terreno para edificar, estacionaron casas prefabricadas y más tarde llegaron servicios, carreteras y electricidad”, relata a Efe este agricultor de 56 años que llevó el caso hasta la Justicia con registros de propiedad en mano del Imperio Otomano, Jordania e Israel.

El Tribunal Supremo israelí falló a favor y ordenó su desalojo, por primera vez, en 2012 hasta que tras varias demoras fijó el 25 de diciembre como fecha límite para que los colonos se retiren de las propiedades privadas palestinas como las de Yacoub.

Pero cuando pensó que por fin “cumpliría un sueño”, el Parlamento israelí (Kneset) aprobó este miércoles seguir adelante con una propuesta de ley para legalizar de forma retroactiva protoasentamientos como el de Amoná en toda Cisjordania: “Israel apoya las leyes, a veces, y a los colonos, siempre”, opina Yocoub.

La normativa, impulsada por Naftalí Bennet, principal socio de Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, propone “por primera vez que Israel regule el territorio en Cisjordania”, explica Gilad Grossman, de la ONG israelí Yesh Din, que representa legalmente a diez titulares.

“Hasta ahora, sólo intervenían en la administración relativa a los civiles (colonos) pero no en las propiedades, y esto va contra la Ley Básica (ley fundamental del Estado de Israel a falta de Constitución)”, advierte.

Desde la cima del cerro al que llegó Eli Greenberg hace dos décadas por su “vínculo bíblico”, este judío ortodoxo moderno, como se autodefine, da la bienvenida a esta medida “porque fue el Gobierno el que alentó su establecimiento”.

“Pagamos nuestros impuestos y servimos en el Ejército. Tenemos derecho a quedarnos y ellos (los ministros del gobierno israelí) tienen que encontrar una solución”, argumenta.

Allí seguirán en Navidad y “el resto de los años”, adelanta Greenberg mientras señala las áreas que pertenecen a los palestinos y excusa que “no había nada” cuando llegaron: “Aunque entiendo que les compensen económicamente”, sugiere.

Pero Mariam Hammad, de 82 años y natural de Siluad, siente la tierra “como a sus hijos”: “No quiero dinero, quiero el terreno que recuerdo cuando con siete años iba con mi familia a recoger las patatas y los tomates que sembrábamos”.

Amoná es para Grossman el caso más “claro y evidente” de una colonización “imposible de defender” y rechaza la propuesta del Ejecutivo de su país de ofrecer emplazamientos alternativos cercanos porque “sería crear otra colonia”.

Este protoasentamiento es el más extenso del centenar que puebla Cisjordania, con un 80 % de su superficie en áreas particulares de palestinos, a los que hay que sumar 150 asentamientos, según Yesh Din.

Todos ellos ilegales para la comunidad internacional, pero Israel sólo deja a los segundos fuera de la ley local que, de aprobarse la legislación en curso, quedarían automáticamente regularizados.

Los columpios de Amoná balancean a los menores, mayoría entre los más de 200 residentes de 40 familias, mientras los padres preparan la resistencia a una posible evacuación si no avanza la propuesta que esta semana iniciaba su trámite parlamentario después de haber sido respaldada por unanimidad por el Ejecutivo de coalición.

“Hay miles de personas dispuestas a estar aquí ese día y tenemos claro que un enfrentamiento con el Ejército, donde todos prestamos servicio, no sería conveniente”, previene Nahum Schwartz, que asegura que no moverá a sus seis hijos.

Mientras, los propietarios de las villas árabes de Siluad, Taibe y Ein Yabrud se amarran a sus sentencias y esperan impacientes el desarrollo de los acontecimientos: “ahora demostrará Israel si es tan democrático para aprobar una ley que modifica la ley”, comenta Ibrahim descreído.

Laura Fernández Palomo