Anticorrupción replica a Alaya que investiguen juntos la Policía y la Guardia Civil

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto de la juez Mercedes Alaya en el que pedía apartar a la Policía de la investigación del caso de los cursos de formación para que la llevara a cabo la Guardia Civil, y ha solicitado que la desarrollen ambos cuerpos de forma coordinada.

En su recurso de reforma y apelación, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía hace esta solicitud tras recordar la operación Edu de la Policía, desarrollada primero en Málaga y luego en otras provincias, y “sin perjuicio de las atribuciones” que tiene Alaya y de “la facultad de encomendar a un determinado cuerpo y unidad la investigación”.

La Fiscalía pide que, sin perjuicio de esta competencia, “se exija igualmente la coordinación al debido nivel” entre Policía y Guardia Civil, “siempre en aras al buen fin de la investigación, tanto en las actuaciones ya practicadas como en las que pudieran realizarse en el futuro”.

La Fiscalía señala que las investigaciones en distintas provincias “no pueden tener el mismo ámbito” que las investigadas por el juzgado de Alaya relativas a la “prevaricación, malversación y fraude de subvenciones en el seno de la Dirección General” de Empleo de la Junta de Andalucía, y solicita que la Policía continúe con las que ha comenzado.

En su auto de la semana pasada, la juez dirigió un oficio al director general de la Policía para que cesaran sus indagaciones y “evitar situaciones como las que ocurrieron el pasado agosto respecto a la concentración de empresas de Ángel Ojeda -exconsejero de la Junta- sobre las que actuó la policía parcialmente cuando era objeto de investigación por parte de este juzgado”.

En este sentido, Anticorrupción pide en su recurso que el requerimiento al director general de la Policía se extienda solo a “las investigaciones objetos del presente procedimiento” y “no a aquellas que se desarrollan en cada provincia bajo la suprema autoridad de los respectivos órganos judiciales”, en referencia a las investigadas en varias provincias andaluzas.

“Las discrepancias que puedan existir entre diversas instituciones del Estado deberán encontrar sus vías de resolución a través de la comunicación fluida, honesta y completa, prevaleciendo finalmente, y en todo caso, el criterio de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, según el supuesto de que se trate”, señala el recurso.

La Fiscalía insiste en que “la existencia de varios colectivos policiales que actúan en un mismo territorio con funciones similares y, al menos parcialmente comunes, obliga necesariamente a la cooperación recíproca y a su coordinación, siempre en un marco de lealtad que debe imponerse en un sistema constitucional como el nuestro”.

También indica que comparten el criterio de la juez de que no pueden existir dos investigaciones paralelas por dos cuerpos, aunque precisa que no se puede ordenar a la Policía que cese las investigaciones que desarrolla en varias provincias andaluzas por irregularidades en la concesión, gestión y justificación de los cursos.

La operación Edu, continúa Anticorrupción, derivó en unas diligencias que quedaron divididas en distintos procedimientos y fueron turnadas y remitidas a fiscalías y juzgados de diversas provincias porque se trataba de expedientes provinciales del Servicio Andaluz de Empleo y de empresas de esas demarcaciones.

La juez dijo en su auto de la semana pasada que las “consecuencias indeseables de pérdida de oportunidad, de dispersión de documentación y de actuación inadecuada difícilmente recuperable, pone en peligro la presente investigación y su éxito”.