Anticorrupción pide investigar la RTVA y otras siete empresas andaluzas

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga el caso Invercaria que incoe diligencias sobre la Radio Televisión de Andalucía y otras siete empresas o agencias andaluzas que usaron las llamadas transferencias de financiación para eludir, presuntamente, los controles de la Intervención.

La Fiscalía Anticorrupción se basa en la documentación enviada al juez de instrucción 16 de Sevilla, que investiga las inversiones de la empresa Invercaria, por la Intervención General de la Junta.

Esta documentación se refiere a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), la Agencia de Promoción Exterior (EXTENDA), la Empresa de Gestión Medioambiental (EGMASA), la Empresa Pública de Deporte Andaluz (EPDASA), la Empresa de Gestión de Infraestructuras (GIASA), RTVA y TURASA.

Anticorrupción, según el escrito al que ha tenido acceso Efe, cree que de los informes de la Intervención “se desprende la utilización de las transferencias de financiación para el abono final por parte de las empresas y agencias públicas reseñadas de subvenciones excepcionales y encargos de ejecución que no han sido objeto de fiscalización previa, siendo ésta exigible en ambos casos”.

La Intervención hizo constar que esas empresas públicas “presentan defectos en la contabilización de las transferencias de financiación que afectan a resultados o en la clasificación de activo y pasivo”.

“Del examen del tratamiento contable dado por las empresas públicas a las transferencias de financiación recibidas se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas Consejerías para el envío de fondos a aquellas”, añadía en sus informes adicionales.

Según la Intervención, “de forma indebida, el expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de ejecución, subvenciones excepcionales u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y sometida a fiscalización previa”.

Anticorrupción pide, por ello, que el juez del caso Invercaria, Juan Gutiérrez Casillas, abra para cada una de las empresas o agencias unas diligencias propias, salvo en el caso de la agencia IDEA, cuya actuación es parte de la investigación que lleva a cabo la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, en el caso de los ERE fraudulentos.

En ese caso, la Fiscalía solicita que los informes sobre IDEA y la documentación anexa se remitan a la juez Alaya.

En cuanto a las restantes empresas, Anticorrupción dice que es necesario “investigar si la utilización del reseñado procedimiento puede ser constitutivo de ilícito penal”, en concreto de presuntos delitos de prevaricación o malversación de caudales públicos.

Al no tener relación con las inversiones de Invercaria, la Fiscalía solicita que se abran unas diligencias propias y que el juez requiera a la Intervención General de la Junta para que remita los informes definitivos sobre cada una de las empresas citadas desde el ejercicio 2003 hasta el último elaborado.