Aplazan al 1 de febrero la declaración del expresidente de la Cámara de Cuentas

El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha aplazado al 1 de febrero la toma de declaración como investigado, prevista para hoy, del expresidente de la Cámara de Cuentas de Madrid Arturo Canalda, en relación a la compra presuntamente fraudulenta de Inassa cuando era consejero del Canal de Isabel II.

La primera citación de Canalda era para este martes, día 23, y se adelantó a hoy a petición de su letrada, pero finalmente el juez ha decidido aplazarla al 1 de febrero al haber solicitado la defensa del investigado poder tener acceso a las actuaciones antes de declarar, han informado a Efe fuentes jurídicas.

A raíz de su imputación, Canalda, que fue director gerente del Canal, dimitió de su cargo el pasado 28 de diciembre pese a sostener que siempre actuó “conforme al ordenamiento jurídico”.

Para mañana está prevista la declaración como investigados del exdirector de Nuevos Negocios del Canal Pablo López de las Heras y el miércoles lo hará el ex director económico y de desarrollo comercial de la empresa pública de aguas José Antonio de Cachavera.

Los tres, según el juez, “tuvieron una participación esencial durante la gestión y ejecución del proceso de adquisición” del 75 % de Inassa por 73 de millones de dólares, una operación que, según la investigación, causó un endeudamiento de 51,1 millones de dólares.

Los tres, junto con el expresidente del Canal Pedro Calvo -que ya ha prestado declaración como investigado- eran los encargados de “negociar y presentar ofertas en la licitación internacional de Inassa” y estaban obligados a trasladar al Consejo de Administración de la empresa pública el resultado de las negociaciones.

Sin embargo, apunta el juez en su auto, Canalda, Cachavera y López Heras se concertaron para gestionar y negociar la adquisición de esta filial colombiana “de forma distinta a la que plantearon” en una reunión del Consejo del Canal mantenida en noviembre de 2001, concretamente, mediante la utilización interpuesta de la empresa panameña Sociedad Aguas de América.

En concreto, para adquirir Inassa el Canal utilizó una “sociedad vehículo” llamada Canal Extensia (constituida el mismo mes de la operación) que compró Inassa a través de la citada mercantil panameña.

Aunque fue en una reunión del Consejo de Administración del Canal celebrada el 14 de noviembre de 2001 cuando se autorizó a los tres investigados a presentar en nombre de la empresa pública de aguas la oferta económica para comprar Inassa, el juez cree que éstos ya habían alcanzado un acuerdo con los vendedores tiempo antes “para adquirir esta operación de forma distinta”.

De hecho, apunta el juez, antes de esa reunión ya contaban con “el aval bancario definitivo” para adquirir Inassa a través de la citada sociedad panameña e incluso disponían del acuerdo de compraventa de acciones redactado.

Finalmente, la compra salió adelante con el voto de la mayoría de los consejeros del Canal en la citada reunión del 14 de noviembre y también con el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que dio luz verde al proyecto el 29 de noviembre, con la firma del entonces presidente, Alberto Ruiz-Gallardón.