Aprobada en su totalidad controvertida ley de seguridad soberana en Nicaragua

La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó hoy en definitiva la Ley de Seguridad Soberana, presentada por el Gobierno de Daniel Ortega y rechazada por la oposición y otros sectores porque pondría en peligro las garantías individuales.

La polémica ley había sido aprobada ayer en lo general, con los votos en contra de la oposición, y este miércoles fue avalada artículo por artículo, incluyendo cinco mociones con cambios de forma, no de fondo, explicó a periodistas la titular de la Comisión de Justicia, la sandinista Irma Dávila.

Los diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados avalaron con 65 votos a favor cada artículo de la ley, que establece como “amenazas a la seguridad soberana cualquier actividad ilícita que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones”.

Los opositores, que no acudieron al pleno por ir a exigir en una manifestación elecciones libres y transparentes en 2016, sostienen que bajo ese concepto el Gobierno podrá considerar una amenaza cualquier acción de los ciudadanos.

La norma, propuesta por el Ejecutivo, define como seguridad soberana todos los ámbitos de seguridad de las personas, la familia, la comunidad, la nación; seguridad humana, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, seguridad agropecuaria, seguridad ambiental, seguridad interna y externa de la nación.

Se establecen como amenazas la expansión de cualquier otro país sobre territorio nicaragüense, la delincuencia organizada trasnacional y delitos conexos, el ingreso y expansión de pandillas o maras, el terrorismo internacional y todo acto de financiamiento de organizaciones terroristas.

También incluye como amenazas el genocidio, espionaje, sabotaje, rebelión, traición a la patria, injerencia extranjera, actos ilícitos contra la seguridad de la aviación y de la navegación marítima, y ataques externos a la seguridad cibernética y a la infraestructura.

Asimismo, hechos inminentes de catástrofes o desastres que puedan poner en riesgo la vida de las personas o sus bienes; cualquier otro acto, actividad o factor ilícito que atente contra el desarrollo integral de las personas, la familia y la comunidad, dijo, por su lado, el jefe del grupo parlamentario oficialista, Edwin Castro.

Con la llamada Ley de Seguridad Soberana, el Gobierno sustituye la vigente Ley de Seguridad Democrática.

La discusión del instrumento este miércoles, en lo particular, no contó con la participación del total de opositores, principalmente los de la Bancada Partido Liberal Independiente (BAPLI), quienes se ausentaron del hemiciclo para demandar en una protesta la celebración de elecciones libres y transparentes en 2016.

Allí, los diputados liberales arremetieron contra la Ley de Seguridad Soberana por considerar que atenta contra las garantías individuales y porque, a “todas luces”, según el legislador Luis Callejas, es una “ley represiva, que lo que intenta es sofocar la manifestación ciudadana, incluyendo las manifestaciones” opositoras.