Arguyen los derechos adquiridos por la ciudadanía en el caso contra el brexit en el Supremo

El abogado de la empresaria británica Gina Miller arguyó hoy ante el Tribunal Supremo que es el Parlamento y no el Gobierno el que tiene que autorizar el “brexit”, pues supondrá “anular” derechos adquiridos por la ciudadanía cuando el Reino Unido decidió entrar en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1972.

El abogado David Pannick, que representa a un grupo de ciudadanos encabezado por Miller dijo que “no existe prerrogativa real” en la Constitución británica que permita al Poder Ejecutivo “anular derechos y deberes”.

El letrado sostuvo que, al aprobar la ley de Comunidades Europeas en 1972 -que permitió la posterior adhesión a la UE-, el Parlamento británico “no contempló” que el Ejecutivo pudiera “anularla” de forma unilateral, sin someterlo a votación parlamentaria.

El Supremo analiza hoy por segunda jornada el recurso del Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, contra un dictamen judicial anterior que le obliga a consultar con las dos cámaras del Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, lo que daría inicio al periodo de dos años de negociaciones con Bruselas para salir de la UE (antes, CEE).

El Gobierno sostiene que puede hacer uso de una antigua prerrogativa real para actuar sin necesidad de obtener aprobación parlamentaria, ya que tiene el mandato que le dio el resultado del referéndum del 23 de junio, en que un 52 frente a un 48 % de los británicos apoyó abandonar el bloque europeo.

También intervino hoy ante el Supremo el asesor legal del Gobierno sobre asuntos escoceses, Richard Keen, que subrayó que el Ejecutivo británico no necesita el consentimiento del Parlamento de Escocia para ejecutar el “brexit”, pues la región autónoma no tiene competencias en materia de política exterior.

Está previsto que el abogado general del Gobierno de Edimburgo, James Wolffe, presente en otra sesión los argumentos en sentido contrario.

El abogado general de Irlanda del Norte, John Larkin, reconoció por su parte que no hay provisiones en la legislación norirlandesa que “limiten las competencias del Gobierno del Reino Unido en asuntos internacionales”.