Arrestado el dueño de las empresas del Grupo 'GBI' en la operación por adjudicaciones irregulares en Lloret (Girona)

Los arrestados son el secretario y el interventor del Ayuntamiento de Lloret, Rafael García y Carles Arbó, respectivamente, y el empresario y propietario de la empresa GBI SERVEIS SAU, Gustavo Buesa Ibañez. Se les imputan los delitos de prevaricación, cohecho, fraude, apropiación indebida y tráfico de influencias.

La operación, coordinada por la Fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada, está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Blanes (Girona). En el marco de la misma se ha procedido también al registro del Ayuntamiento de Lloret de Mar y de la sede social de la mercantil mencionada.

En el marco de la misma, se investigan contratos adjudicados presuntamente de manera irregular que, además, pudieron haberse traducido en cuantiosas donaciones a favor de CatDem, una fundación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press.

Así, el operativo se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de unas presuntas irregularidades a escala provincial y autonómica relacionadas con determinadas adjudicaciones de concesión de servicios de la recogida de basuras y limpieza de playas y viales, de competencia municipal.

Esas informaciones se derivaron de otra operación, 'Clotilde', realizada por la propia Benemérita en enero de 2015 contra actividades de blanqueo de una mafia de origen ruso en varios ayuntamientos de la provincia, entre ellos Lloret de Mar. El entonces alcalde, Xavier Crespo (CiU) fue condenado en noviembre de 2015 a nueve años de inhabilitación por aceptar regalos de la trama a cambio de favorecer sus intereses urbanísticos.

Según ha detallado la Guardia Civil, la investigación se centra en los contratos adjudicados a GBI SERVEIS SAU, del empresario Gustavo Buesa Ibañez. Los investigadores sospechan que las adjudicaciones millonarias estaban preparadas y publicadas 'adhoc' para la empresa, que contaba con un complejo entramado de sociedades, algunas con ramificaciones en otros países.

Entre ellas destaca un contrato de servicios por importe de 8 millones de euros anuales durante 10 años, lo que supone un total de 80 millones. Los investigadores sostienen que la empresa se apropió de medios materiales propiedad del Ayuntamiento y parte de ellos fueron transferidos a terceras personas o utilizados en otros servicios ajenos a la adjudicación, incluso en países extranjeros.

También destaca una concesión a la misma empresa para la construcción de un Centro de Tratamiento de Residuos Municipal por importe de casi 30 millones de euros.

Está previsto que uno de los detenidos pase a disposición judicial el próximo jueves. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.