La Asamblea venezolana ratifica el nombramiento del vicefiscal revocado por la Justicia

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) ratificó hoy el nombramiento del vicefiscal de la República después de que este fuera declarado nulo la semana pasada por el Tribunal Supremo, en un nuevo episodio del enfrentamiento entre poderes que vive desde hace semanas la nación caribeña.

“Aprobada por unanimidad la designación del ciudadano Rafael González Arias como Vicefiscal General de la República”, anunció en su cuenta de Twitter la AN, de mayoría opositora y que dejó de reconocer el mes pasado al Gobierno del presidente Nicolás Mauduro por sus supuestas violaciones de la Constitución.

La Asamblea aprobó la designación de González Arias después de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, presentara este lunes su propuesta a la cámara.

“Son deberes y atribuciones de la fiscal general de la República designar al vicefiscal general de la República previa autorización de la mayoría absoluta de la AN, ustedes. (...) Es por eso que estoy aquí”, dijo ante los diputados Ortega Díaz, que se ha convertido en la voz más crítica con el Gobierno dentro de las instituciones.

Además de anular la designación de González Arias como vicefiscal, por no haberla sometido Ortega Díaz a votación de la AN en un primer momento, el Supremo ha convocado mañana a la titular del Ministerio Público para determinar si hay motivos para enjuiciarla, un proceso que podría costarle el cargo.

Este tribunal ha decidido asimismo congelar las cuentas bancarias de Ortega Díaz y prohibirle su salida del país, al aprobar una petición de un diputado oficialista.

Como respuesta, la fiscal se ha declarado en rebeldía ante las decisiones del Supremo, a cuyos jueces considera “ilegítimos” y a los que acusa junto al Gobierno de haber roto “el hilo constitucional” en Venezuela.

Proveniente de las filas del chavismo, Ortega Díaz se ha opuesto al proceso Constituyente impulsado por el presidente Nicolás Maduro y ha denunciado “terrorismo de Estado” en el país, así como un “progresivo desmontaje” de la institución que dirige por parte del Gobierno.

La fiscal ha imputado también por presuntas violaciones de los derechos humanos al exjefe de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) y al actual director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por su papel en la gestión de la ola de protestas antigubernamentales que vive Venezuela desde el 1 de abril.