Asambleísta ecuatoriano cree ridículas acusaciones de espionaje a presidente

El asambleísta opositor ecuatoriano Clever Jiménez tachó hoy de “ridículas y chistosas” las acusaciones lanzadas el lunes por el procurador general de Ecuador, Diego García, quien aseguró que “están siendo espiadas las autoridades del Estado”, incluido el presidente del país, Rafael Correa.

Jiménez respondió por medio de un comunicado a las aseveraciones del procurador, quien también afirmó que en un juicio que se celebra en Estados Unidos se intentaron revelar “comunicaciones entre autoridades del Estado que incluyen al presidente de la República”, Rafael Correa.

Se trata de “correos electrónicos (...) comunicaciones internas entre funcionarios del Estado” que finalmente no fueron dados a conocer ante el tribunal por tratarse de datos reservados aunque, según García, el pasado 29 de octubre, Jiménez aludió en un boletín de prensa a contenidos de esas comunicaciones.

Consideró una muestra de “alta irresponsabilidad” y un hecho “realmente preocupante” que el asambleísta reconociera en su comunicado manejar tales datos, que constituyen “información privilegiada o reservada entre las autoridades del Estado”.

El procurador se refería a un comunicado en el que, según la procuraduría, Jiménez afirmó que “el bufete de abogados Foley Hoag (...) fue contratado por el gobierno ecuatoriano para la defensa en varias demandas internacionales, pese a que trabaja para la multinacional Chevron-Texaco”, lo que es negado por el organismo público.

Chevrón fue condenada en 2011 por la Corte de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos a pagar más de 19.000 millones de dólares de indemnización por los graves daños que se le imputan haber dejado en la Amazonía durante el tiempo en que operó en Ecuador, entre 1962 y 1990.

Un tribunal arbitral de La Haya, a su vez, tramita una demanda de la petrolera para intentar endosar a Quito el pago de la indemnización.

La compañía, además, ha acusado a los grupos indígenas que le demandaron y a sus abogados de fraude y extorsión y el juicio por esas acusaciones se sigue en un tribunal de Nueva York

El parlamentario respondió hoy que “los criterios del procurador son ridículos”, ya que, de acuerdo con su razonamiento la información a la que supuestamente él tuvo acceso sería “reservada para el pueblo ecuatoriano, pero no para la demandante y demandada, en este caso Chevron-Texaco”.

Además pidió al funcionario que responda al país sobre qué autoridad o institución y con base a qué normativa calificó de reservada o privilegiada la información relacionada con el caso Chevron y otros que se siguen en tribunales internacionales.

Agregó que pedirá una comparecencia del procurador ante la Asamblea para que responda a varias interrogantes y entregue información relacionada con las demandas.

Sobre la relación del Estado ecuatoriano con el despacho Foley Hoag, el asambleísta insistió en que data del año 2007 y citó siete casos en los que, según él, intervino esa oficina, incluido el asunto Chevron.

El parlamentario, por otra parte, dijo que en los próximos días entregará en una notaría información sobre “varios casos de corrupción” de los que no dio mayores detalles, aunque agregó que “será revelada en circunstancias específicas” que comunicará en el momento oportuno.