Asociaciones de jueces menos la conservadora APM plantan a Justicia por simular un diálogo “ficticio”

El plante a Justicia lo realizan todas las agrupaciones judiciales excepto la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que no se ha unido a esta inicitiva.

El resto han acordado no acudir a dichos encuentros “por entender que pretenden trasladar a la sociedad una disposición al diálogo que es ficticia”, según señalan en el escrito.

A juicio de estas asociaciones, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, “repite invariablemente su voluntad de alcanzar acuerdos con las asociaciones judiciales, pero la realidad es que solo se convoca para informar de lo que ya está decidido, sin que en ningún momento se tengan en cuenta las aportaciones” de estos colectivos.

QUIEREN REUNIONES CONJUNTAS

Las asociaciones de jueces firmantes inciden en que desde el Ministerio de Justicia se ha ignorado reiteradamente su petición de que se convoquen reuniones de forma conjunta y con un orden del día consensuado, en forma de mesa negociadora, que incluya una valoración de sus reivindicaciones profesionales y de la situación de la administración de justicia.

“Sin embargo, se nos cita continuamente a reuniones en las que únicamente se nos cuenta lo que ya es de dominio público y, a continuación, el ministro intenta utilizar nuestra presencia para exhibir públicamente un supuesto talante de consenso que no se corresponde con los hechos reales”, denuncian

Consideran además que estas prácticas empiezan a acentuarse en periodo preelectoral y que “la realidad es que no existe una verdadera voluntad ministerial de realizar un trabajo común para dar soluciones a los graves problemas de nuestro sistema judicial”.

SITUACIÓN DE COLAPSO

Los jueces recuerdan que las carencias de juzgados y tribunales siguen siendo importantes, pues cerca de la mitad trabajan por encima del 150 de las de las previsiones institucionales y muchos de ellos se encuentran por encima del 200 por ciento, sin que se fije una carga máxima de trabajo“.

Añaden que “centenares de integrantes de las últimas promociones de la Escuela Judicial se han visto en situación de expectativa de destino, con una inaceptable situación de precariedad, sin un órgano judicial estable en el que ejercer sus funciones” y que todo ello o provoca perjuicios importantes a la ciudadanía y afecta al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

“En consecuencia, hay muchas cuestiones sobre las que se podía haber realizado un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones profesionales, si hubiera existido voluntad política de buscar soluciones adecuadas”, concluyen, esperando que por el Ministerio se produzca “una rectificación de sus actuaciones”.