Assange, Rousseff y Chomsky piden la libertad de una diputada argentina del Parlasur

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff y el lingüista estadounidense Noam Chomsky firmaron, junto a más de 200 personalidades, un texto lanzado hoy que pide la libertad de la diputada kirchnerista del Parlamento del Mercosur Milagro Sala.

Se trata de una campaña internacional en apoyo a la líder de la organización social Tupac Amaru de la provincia argentina de Jujuy (norte) lanzada por el Comité para la Libertad de Milagro Sala, que denuncia su detención como arbitraria e ilegal.

“Hemos lanzado una petición al presidente (Mauricio) Macri para que cumpla resolución del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas y libere a Milagro Sala”, anunció Mara Brawer, coordinadora del Comité en una rueda de prensa frente al Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires.

Brawer, quien anunció la apertura de la campaña y animó a firmar el documento a través de la web www.liberenamilagro.org, incidió en la importancia de este tipo de campañas con adhesión internacional, ya que, según opinó, son las que más le duelen al Gobierno de Mauricio Macri.

“La petición está abierta, pero ya tenemos la firma de Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner, de Julian Assange, de Noam Chomsky y del bloque progresista del Parlamento Europeo y de más de 200 figuras nacionales e internacionales”, repasó Brawer.

La también coordinadora del Comité Estela Díaz extendió el reclamo de libertad a la Corte Suprema argentina, el máximo tribunal del país, al que acusó de “estar sentado encima de un expediente que tiene en sus manos la libertad, la vida y la integridad física de Milagro Sala”.

“Tiene que expedirse respecto a su libertad y hacen un silencio que abruma, esto es intolerable en una democracia”, ahondó Díaz.

El texto, que cuenta con el apoyo de organizaciones como las Abuelas de Plaza de Mayo, o personalidades como el exjuez Baltasar Garzón o la politóloga belga Chantal Mouffe, pide al Estado argentino que “asuma el compromiso de no utilizar nunca más el encarcelamiento arbitrario como forma de persecución de la disidencia política”.

“Nos unimos así a un creciente número de voces alrededor del mundo -como la de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos (...)- que han llamado al Gobierno que usted preside a poner fin al arbitrario encarcelamiento de la Sra. Milagro Sala”, reza la petición, en referencia a Macri.

La activista fue detenida en Jujuy el 16 de enero de 2016 por organizar supuestamente una protesta contra el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, pero permaneció después en prisión preventiva debido a su presunta implicación en otras causas por corrupción y otros delitos.

Sala encabeza la organización barrial Tupac Amaru, un movimiento nacido en 1999 con objetivos como construir casas, escuelas, centros de salud y pequeñas empresas para los más desfavorecidos en la zona norte de Argentina -la más pobre del país- a través de donaciones y ayudas concedidas por el Estado.

Aunque fue elegida para el Parlasur en diciembre de 2015 dentro de las listas del kirchnerismo, no ha podido asumir el cargo y su detención ha sido seriamente cuestionada por organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tanto el Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri como las autoridades de Jujuy argumentan que dichos organismos no conocen todos los cargos que pesan contra Sala y que la decisión de darle o no la liberad está solo en manos de la Justicia.

Hasta la fecha, los tribunales se han pronunciado en dos de las causas menores contra la activista, la de la manifestación que desembocó en su detención y otra por otra protesta similar en 2009.

Por la primera se le impuso una multa por 3.780 pesos (unos 240 dólares) y la prohibición de integrar sociedades y organizaciones civiles por tres años y tres meses, mientras que por la de 2009 recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso (no efectiva) que recientemente confirmó el máximo tribunal penal del país.