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Audiencia de Barcelona condena a Unió por lucrarse a través de fundación afín

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La Audiencia de Barcelona ha condenado a Unió como responsable civil por lucrarse con 178.000 euros del desvío de fondos de su fundación afín Catalunya i Territori, a cuyos exresponsables ha impuesto hasta 8 años y ocho meses de cárcel por estafar a bancos mediante un entramado empresarial.

En su sentencia, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona obliga a Unió a devolver a su fundación afín el dinero que recibió irregularmente de ésta, que entre 2003 y 2006 pagó 178.000 euros en facturas por servicios prestados a la extinta formación política con motivo de congresos, reuniones y eventos.

La sentencia también considera probado que Unió se lucró con otros 195.700 euros, al no pagar los alquileres de los locales que arrendaba a Unió en Lleida, Tarragona y Tàrrega (Lleida), cantidad que la formación devolvió en junio de 2013, una vez estaba iniciada la causa penal.

La sección sexta de la Audiencia impone penas de ocho años y ocho meses de cárcel a los exvocales de la Fundación Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés, a los que condena a indemnizar con 1,7 millones a la entidad por los fondos desviados de la misma "a fines desconocidos", por los delitos de falsedad documental e insolvencia punible.

Asimismo, la sala condena a seis meses de prisión a Josep Boqué, expresidente de la Fundación Catalunya i Territori que fue director general de Consumo en los años 90, y a la misma pena a Xavier Soriano, también vinculado a la extinta formación democristiana, como cómplices responsables del delito de insolvencia punible.

Por el contrario, ha absuelto al administrador de la constructora Copisa Josep Cornado, a quien la Fiscalía acusaba de aportar fondos de su compañía para que los exresponsables de la fundación enjugaran la deuda derivada del desvío de fondos.

Según cree probado la sentencia, los exvocales de la Fundación dirigían el conglomerado de empresas IMS, sobre el que giraban hasta 19 empresas administradas por testaferros que los propios acusados controlaban.

A través de ese entramado empresarial, añade la Audiencia, los acusados solicitaron a diversos bancos y cajas de ahorro múltiples líneas de descuento, "aparentando que disponía de una actividad económica relevante y solvente", para descontar a través de ellas miles de facturas giradas por servicios inexistentes a sociedades del conglomerado que controlaban a través de testaferros.

Además, entre los años 2004 y 2007, los exvocales de la Fundación Catalunya i Territori aprovecharon sus cargos en la misma y, "con la intención de beneficiarse económicamente", se apoderaron de diversas sumas que extrajeron de la caja de esta para ingresarlas en los fondos de su entramado empresarial y, a partir de ahí, "hacia un destino desconocido", añade la sentencia.

Ambos acusados lograron desviar los fondos de la fundación, que se nutría de donaciones de empresas y otras entidades, emitiendo facturas a la misma que no se correspondían con contraprestación alguna y simulando la contratación de préstamos contra los fondos de la entidad.

La salida de fondos de la fundación hacia el entramado de empresas controlado por los acusados ha ascendido a 1,8 millones.

La Audiencia sostiene también que, entre los años 2003 y 2007, la fundación Catalunya i Territori pagó cinco facturas a la mercantil Kontrast Produccions que Unió tenía contratada para la organización de congresos y otros eventos.

En el año 2005, Kontrast Produccions facturó a empresas del entramado controlado por los exvocales de la fundación servicios prestados a Unió, "siguiendo las instrucciones dadas por responsables" del partido.

También en 2006, sostiene la sentencia de la Audiencia de Barcelona, Catalunya i Territori pagó otra factura a Kontrast Produccions que correspondía a servicios prestados a Unió.

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