La Audiencia Nacional rechaza investigar las grabaciones por las que se condenó a Garzón

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de uno de los principales imputados en Gürtel, Antoine Sánchez, de revisar el registro de entradas de abogados y policías en la cárcel de Soto del Real en el periodo que se hicieron las grabaciones por las que el Supremo condenó al juez Baltasar Garzón.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal ha desestimado en un auto, hecho público hoy, el recurso de Sánchez, primo del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, al entender que esas diligencias de investigación reclamadas no son “necesarias, útiles y pertinentes” en el actual estado de la causa.

Sánchez reclamaba que se solicitara a la prisión de Soto del Real (Madrid) el registro de entradas de policías y abogados de esta causa desde que ingresó en el centro, en febrero de 2009, hasta que cesó la intervención de las llamadas telefónicas, en mayo de ese mismo año, y que el Supremo declaró ilegales al condenar a Garzón.

Con estas diligencias, Sánchez trataba de verificar que las grabaciones que se aportaron en su día coinciden con los letrados que comunicaron con los internos “puesto que en la lista de comunicaciones de uno de ellos, que se aportará a la brevedad posible, no coinciden”.

La Sala, que confirma así la decisión del juez instructor Pablo Ruz de denegar esta prueba, cree que estas peticiones no tienen “trascendencia” para modificar la apreciación de que en este imputado concurren los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y “otros de orden patrimonial sujetos a comprobación”.

En su recurso, al que también se adhirieron los imputados Pablo Crespo (presunto número dos de la trama) y Randall Lew Caruso (“broker” de Correa), Sánchez reclamaba además la identidad de los policías que accedieron al centro penitenciario en ese mismo periodo y el libro de registro de entrada de estos funcionarios.

El imputado consideraba que estos datos eran de “extraordinaria importancia” para la causa porque “por medio de tales libros de registro el instructor y las defensas pueden extraer información sobre la investigación de este procedimiento” y con ello llegar “al esclarecimiento de una parte de la instrucción, en lo concerniente a su declaración de nulidad”.

Por contra, la Sala cree que los argumentos del imputado son “especialmente difusos, por la total ausencia de explicación razonada y razonable sobre los motivos de la petición”, ya que el imputado advierte que no amplía sus argumentos “por prudencia”.

A juicio del tribunal, se trata de una solicitud “genérica y prospectiva, basada en una supuesta, inconsistente e inexplicada sospecha de mala praxis judicial”.

Además, dice el auto, existe un informe pericial sobre la autenticidad de las conversaciones grabadas en la cárcel en el que no se apreció ninguna manipulación“.

Las grabaciones de las conversaciones que mantuvieron en Soto del Real los principales imputados en la trama Gürtel fueron anuladas por el Tribunal Supremo, al condenar en febrero de 2012 al entonces juez instructor de esta causa Baltasar Garzón por haberlas autorizado.

Dicha condena a 11 años de inhabilitación supuso la “pérdida definitiva” de la condición de juez del hasta entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En la sentencia, los siete magistrados que formaban el tribunal estimaron por unanimidad que, al acordar las escuchas, Garzón adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados “sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”.