La Audiencia Nacional confirma que el presidente de Damm será juzgado por defraudar a Hacienda

La Audiencia Nacional ha confirmado el auto en el que el juez Pablo Ruz proponía juzgar al presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce; su padre, Demetrio Carceller Coll, y dos de sus colaboradores por crear una trama defraudatoria a la Hacienda Pública que les habría permitido evadir los impuestos de renta, patrimonio y sucesiones.

En un auto hecho público este lunes, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal rechaza los recursos de apelación presentados por los Carceller y su hombre de confianza en la compañía, José Luis Serrano Flórez, contra el auto de transformación en procedimiento abreviado de las actuaciones dictado en julio por el juez Ruz, que el pasado 11 de diciembre, además, acordó la apertura de juicio oral contra los acusados e impuso a los dueños de la compañía sendas fianzas de 236,4 y 476,4 millones de euros.

En su resolución los magistrados Antonio Díaz Delgado, Clara Bayarri y Fermín Echarri señalan que no se han llevado a cabo nuevas diligencias de investigación que desvirtúen los indicios de delito que existen contra Carceller Coll por fraude fiscal y blanqueo de capitales, y que le podrían suponer penas de más de 48 años de cárcel.

Así, apuntan que los informes periciales que forman parte del procedimiento demuestran que Carceller Coll desarrolló, entre los años 2000 y 2009, una actividad dirigida a “ocultar que su residencia efectiva y real radicaba en España”, tal y como se desprende de varias comisiones rogatorias, conversaciones telefónicas intervenidas, seguimientos policiales y otras declaraciones testificales y documentales que forman parte de la causa.

NO HAY “FICCIONES”

Tras rechazar que el juez haya actuado a partir de “ficciones”, como alegó su defensa, los magistrados de la Sala de lo Penal apuntan que “se ha constatado la existencia de estructuras fiduciarias para tratar de ocultar que el ahora recurrente era el verdadero titular de los elementos patrimoniales situados en las mismas”.

En relación con su hijo, la Sala señala que los informes policiales aportados a la causa y la documentación remitida por Estados Unidos ponen de manifiesto la participación del recurrente en la “creación y gestión” de las inversiones que su padre tenía en Arizona, en concreto a la hora de articular “un entramado societario para ocultar las rentas que dichas inversiones generaban”. Estos indicios también estarían avalados por la información contenida en las agendas de Carceller Arce y los informes elaborados por la Agencia Tributaria.

Además, el auto rechaza que el juez Ruz haya concluido “de forma precipitada” la instrucción, como alegaron los recurrentes, al considerar que los peritos han realizado todas las diligencias que les fueron encomendadas y no resulta “posible” la ampliación de otros informes solicitados por las defensas de los acusados.

En el banquillo de los acusados también se sentarán José Luis Serrano Florez y el asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen, que tendrán que abonar 224,3 y 365,4 millones de euros, respectivamente.

ANTICORRUPCIÓN PIDE 14 AÑOS

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 14 años de prisión para Carceller Arce y otra de 48 años y seis meses para su padre. El Ministerio Público atribuye a Carceller Arce un delito de cooperación necesaria en delitos contra Hacienda por supuestamente contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas.

Anticorrupción considera que Carceller Coll se dedicó a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda “cuando menos, desde el año 1990”, simulando residir en Portugal y Reino Unido “con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España”.

Así, el expresidente de la cervecera habría ocultado, según el escrito, ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España para lo cual contó con la participación del resto de acusados.

Según el Ministerio Público, tanto Carceller Coll como su mujer, María del Carmen Arce, han residido en España tanto en la capital como en Galapagar (Madrid), si bien para ocultarlo adoptaban numerosas medidas de precaución “tales como evitar frecuentar restaurantes o sitos de ocio; realizar sus pagos en efectivo o delegar en su hijo”, Carceller Arce, la firma de cualquier negocio u operación económica.

Todos los hechos atribuidos por Anticorrupción al empresario cervecero son constitutivos de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales de los que Carceller Coll debe responder como autor mientras que su “mano derecha”, su hijo y su asesor deberán hacerlo como cooperadores necesarios.