La Audiencia Nacional se queda la causa sobre el sobrecoste del puerto de Gijón

La Audiencia Nacional ha acordado quedarse con la causa sobre la adjudicación supuestamente irregular de las obras de ampliación del puerto de El Musel de Gijón (Asturias), al estimar que es el tribunal competente para ello porque la presunta defraudación de fondos públicos pudo afectar a la economía nacional.

La sección segunda de lo Penal revoca de este modo en un auto la decisión de la juez Carmen Lamela de remitir la causa a los juzgados de Gijón por entender que la Audiencia Nacional no era competente porque los hechos no supusieron un grave perjuicio a la economía nacional.

Ahora el tribunal -Concepción Espejel, Julio de Diego y Enrique López- ha acogido los argumentos en contra del criterio de Lamela que expusieron en sus recursos la Fiscalía y las acusaciones que ejercen vecinos de San Lorenzo del Alto de Aboño y la asociación Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies (OCAN).

Respecto a la trascendencia económica, la Sala observa que el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en el que se basó Fiscalía para denunciar en 2015 estos hechos “utiliza de forma sistemática y continuada, el concepto de fraude para calificar algunas de las graves irregularidades detectadas en la ejecución de la obras de ampliación del puerto de El Musel”.

Se trata además, prosigue el auto, de un puerto “de interés general del Estado” y que la empresa adjudicataria de las obras de ampliación, la UTE Dique Torres, presunta responsable del fraude “en presunta connivencia con funcionarios públicos” está integrada “por algunas de las principales empresas constructoras del país: Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas”.

Además, “la cuantía de los fondos públicos afectados por la defraudación excede notablemente de la fijada por la jurisprudencia para entender que afecta gravemente a la economía nacional”.

Para llegar a esta conclusión, los magistrados exponen que la obra fue adjudicada en 2005 a Dique Torres por 499.346.171 euros y en 2007 se elevó el presupuesto a 830.165.909 euros, lo que supuso un incremento de 250 millones, y se obtuvieron además 247,5 millones en Fondos de Cohesión, que, ante la sospecha de fraude, la UE pidió que le fueran devueltos y de los que 198 ya han sido abonados.

La juez Lamela por contra consideró que el dinero presuntamente defraudado, 250 millones de euros (la diferencia entre el coste del proyecto inicial y lo que finalmente se pagó), no es una cantidad “relevante” en la economía nacional, y aludió a que los presupuestos del Estado se cuentan por miles de millones y “un solo kilómetro de AVE entre Madrid y Barcelona ha tenido un coste de 14,4 millones”.

En la causa se investigan delitos de prevaricación, malversación, estafa, falsedad y fraude a Hacienda por parte de representantes y miembros de la Autoridad Portuaria y representantes y administradores de la UTE Dique Torres.

Están imputados, entre otros, el expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez, el exdirector del puerto de esa ciudad José Luis Díaz Rato y el gerente de la UTE, Juan Miguel Pérez.