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La Audiencia ve un alto de riesgo de fuga en Viloca por el poder económico de la trama

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La Audiencia de Tarragona ha fijado una fianza de 250.000 euros y ha retirado el pasaporte al tesorero de CDC, Andreu Viloca, al entender que su supuesta vinculación a un "entramado organizado" de amplia capacidad económica y contactos de "especial relevancia" aumenta "exponencialmente" su riesgo de fuga.

En un auto, la sección cuarta de la Audiencia de Tarragona ha acordado hoy dejar en libertad bajo fianza de 250.000 euros a Viloca, que, según han informado a Efe fuentes judiciales, tiene previsto depositar hoy los avales que le permitirían abandonar la cárcel en la que ingresó el pasado 22 de octubre por el caso del tres por ciento.

La Audiencia ha adoptado esta resolución tras una vista celebrada ayer en la que la defensa de Viloca, ejercida por el abogado Xavier Melero, pidió que se revocara la orden del juez de El Vendrell (Tarragona) de enviarlo a prisión preventiva, mientras que la Fiscalía Anticorrupción solicitó que siguiera entre rejas, por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

En su escrito, la Audiencia no aprecia riesgo de destrucción de pruebas aunque admite que sí existe un "elevado" riesgo de fuga, por lo que impone a Viloca una fianza de 250.000 euros y, una vez abandone la cárcel, ordena que se le retire el pasaporte, que se le impida salir de España y que comparezca cada lunes en sede judicial con el objetivo de "minimizar" el riesgo de una acción elusiva de la justicia.

"Existen indicadores de la concurrencia de un entramado organizado, entramado con una amplia capacidad económica, con contacto con diferentes personas de especial relevancia, circunstancia que, unido a la gravedad de los hechos denunciados, incrementan exponencialmente el riesgo de fuga del hoy apelante", advierte el auto, en relación a Viloca.

El tribunal también alerta sobre el "rendimiento no revelado que presuntamente se deriva de la actividad presuntamente ilícita que se le imputa" al tesorero de CDC y apunta que en la causa, pese a que es secreta, obra una "sólida apariencia provisoria de imputación subjetiva".

Atendiendo a la "elevada" situación económica del imputado, la sala fija en 250.000 la fianza, cantidad que en su opinión "se ajusta más a la capacidad para cubrirla" del tesorero de CDC y permite, en atención a sus circunstancias personales, "seguir garantizando fines de sujeción al proceso".

La sala reconoce el "alto nivel de arraigo personal" de Viloca en España, por lo que considera que no queda justificado mantenerle en prisión: "Es nacional de España, con familia muy cercana en nuestro país, arraigo en su domicilio y un muy importante arraigo laboral derivado de su actividad profesional", sostiene.

Sobre el riesgo de destrucción de pruebas alegado por la Fiscalía, la sala entiende que Viloca tenía conocimiento de la causa -que se inició en 2013-, "resultando obvio, pero absolutamente cierto que ha tenido posibilidad de afectar a aquellos medios probatorios que hubiera considerado oportunos".

El tribunal recuerda en su escrito que en el marco de esta causa se han llevado a cabo "actuaciones con repercusión mediática que sin duda han llegado a conocimiento del hoy imputado quien, habiendo estado en libertad, en su caso ha disfrutado de tiempo para poder destruir aquellos medios de prueba que hubiera considerado oportunos".

La Audiencia va más allá y recuerda incluso que en el marco de las investigaciones se ha registrado en dos ocasiones el despacho de Viloca y en uno su vivienda.

"No nos encontramos ante una instrucción que se encuentre en su fase inicial, puesto que la misma lleva dos años en curso, habiéndose practicado diferentes diligencias instructoras, entre las que se encuentra las diligencias de entradas y registros constatadas, incautando todos aquellos documentos, soportes informáticos y efectos que consideraron necesarios para el esclarecimiento de los hechos investigados", sostiene el auto.

La sala cree además que el encarcelamiento de Viloca no impide que el tesorero mantenga contactos con terceras personas que puedan "frustrar" la investigación judicial en curso.

Ante la alegación de la Fiscalía de que hay peligro de que Viloca pueda destruir documentos relacionados con los años 2013 y 2015, el tribunal recuerda al ministerio público que su argumentación "se basa en el resultado de una investigación de naturaleza prospectiva, sin concretar de qué manera la libertad del imputado podría "comprometer" la causa.

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