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Aumentan las penas a exagentes chilenos por torturas a cinco presos políticos

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Aumentan las penas a exagentes chilenos por torturas a cinco presos políticos

Aumentan las penas a exagentes chilenos por torturas a cinco presos políticos

La Corte de Apelaciones de Santiago aumentó hoy a diez años y un día las penas de prisión dictadas en primera instancia contra dos exagentes de Augusto Pinochet por las torturas aplicadas a cinco presos políticos supervivientes de la dictadura, informaron fuentes judiciales.

En primera instancia, el brigadier Miguel Krassnoff Martchenko y el exsuboficial Basclay Zapata Reyes habían sido condenados a cinco años y un día de prisión por el juez especial Leopoldo Llanos como culpables de aplicar torturas a Graciela Mathieu Loguercio, Erika Hennings Cepeda, Braulio Barría Ruiz, Patricia Jorquera Hernández y Cristián van Yurick Altamirano.

Los cinco lograron sobrevivir tras haber sido detenidos y torturados por la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de la dictadura, en un centro clandestino de tortura y exterminio situado en la calle Londres 38, en pleno centro de Santiago.

Krassnoff y Zapata se encuentran en prisión, condenados a más de 200 años de prisión tras ser hallados culpables en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.

Para aumentar las penas, el tribunal de alzada modificó la tipificación de los delitos, desde la aplicación de tormentos en que se basó el juez de primera instancia a secuestro agravado.

"Tanto la privación de libertad que afectó a las víctimas, la extensión de la misma, el lugar o recinto en que se les mantuvo cautivos, los apremios a que fueron sometidos y las condiciones de permanencia en él, fueron ilegítimos y sin derecho alguno a proceder en tal forma", precisa el fallo.

Además el tribunal dictó el sobreseimiento por muerte del general Manuel Contreras y del coronel Marcelo Moren Brito, el primero exjefe de la DINA, que habían sido procesados y condenados en primera instancia.

En la parte civil, se confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de cincuenta millones de pesos (unos 72.000 dólares), por concepto de daño moral, a cada una de las víctimas.

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