Ausbanc pide prisión para Narcís Serra por riesgo que destruya documentación

Ausbanc, que actúa como acusación particular en el caso abierto contra los exdirectivos de Catalunya Caixa, ha anunciado que pedirá prisión preventiva para el expresidente de la entidad Narcís Serra al percibir riesgo de que pueda destruir documentación importante.

El abogado de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Lluís Pineda, ha explicado a los periodistas su intención de pedir hoy mismo una vistilla en la que planteará la necesidad de la prisión para Serra tras asistir a la declaración de éste ante el titular del juzgado número 30 de Barcelona que lleva el caso contra los exdirectivos de Catalunya Caixa.

La declaración de Serra ha abierto hoy las citaciones como imputados solicitadas por el juez para aclarar las circunstancias que llevaron a los miembros del consejo de administración de la antigua caja a aprobar sobresueldos pese a que la entidad presentaba ya números rojos y había necesitado el rescate del Estado.

El abogado de Ausbanc considera necesario que el juez decrete prisión preventiva para Serra por el alto riesgo que existe, a su juicio, de que el que fuera ministro de Defensa destruya documentos importantes como los informes que se pidieron a terceros para justificar el aumento de las retribuciones de la cúpula de la caja en plena crisis, en 2010.

Pineda cree además indispensable que el juez decrete prisión porque, según él, Serra ha admitido durante su declaración que “despachaba cada día” los asuntos de Catalunya Caixa y porque ha justificado en todo momento el aumento de sueldos.

Serra, que como presidente de la entidad de ahorro no tenía un cargo ejecutivo, continuaba declarando ante el juez al final de la mañana y después lo hará el que fuera director general de Catalunya Caixa Adolf Todó.

El juez Josep Maria Pijuan considera que existen suficientes indicios para imputar a Serra y Todó tras la denuncia presentada contra ellos y otras 52 personas de Catalunya Caixa por la Fiscalía Anticorrupción por un delito de administración desleal.

El fiscal presentó la denuncia por los “sueldos desproporcionados” que en su opinión aprobó Catalunya Caixa para sus altos cargos en 2010, pese a la “crítica” situación económica que atravesaba la entidad y el entorno de crisis.