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Avialsa recibió préstamos y subvenciones de la Administración por 1,5 millones para desarrollar proyectos tecnológicos

Tanto el Ministerio de Economía como la Generalitat dieron fondos para el 'Avión de Detección y Ataque', especial para extinción de incendios

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La empresa Avialsa T-35 de la que es presidente Vicente Huarte y a la que presuntamente benefició de forma fraudulenta el ex consejero de Gobernación valenciano Serafín Castellano, recibió préstamos y subvenciones por valor de unos 1,5 millones de euros para desarrollar proyectos tecnológicos, según los datos empresariales de la entidad entre los años 2008 y 2011 a los que ha tenido acceso Europa Press.

En su informe de gestión correspondiente al año 2009 se destaca "el proyecto de investigación y desarrollo ADA (Aviones de detección y ataque contra el fuego) para el que se ha obtenido una subvención del CDTI (Centro para el desarrollo Tecnológico Industrial), organismo dependiente del Ministerio del Economía y Competitividad, concretamente de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

En los datos relativos al ejercicio 2010-2011 se detalla que "el importe de dicho préstamo asciende a 1.115.360 euros y su amortización empezó en el año 2011" en el que experimentó un crecimiento del 5 por ciento en su cifra de negocio al pasar de 19,2 millones de euros registrado en 2010 a 20,2 millones.

BASE DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Por su parte, el ejercicio 2008 lo cerró con una cifra de negocio de 19,9 millones y descendiendo en 2009 a 18,7 millones. Durante ese periodo, la empresa realizó una "fuerte inversión para la finalización de la construcción de la Base de Extinción de Incendios en el municipio de Viver (Castellón)".

El "valor neto contable" de los terrenos para la construcción de este aeródromo fue de 4,9 millones de euros, según la auditoria de las cuentas que realizó en 2010 la firma Milla, Martínez y Asociados Auditores S.L.

En el año 2009 también recibió 196.051 euros de subvención procedente del Impiva (hoy sustituido por el Institut Valenciá de Competitividad Empresarial, IVACE) para el desarrollo de esos aviones ADA.

LA MAYOR FLOTA DE AVIONES

Este mismo organismo le otorgó otros 85.452 euros para un simulador de vuelo y otros 96.209 euros para otro proyecto relacionado con depósitos de combustible para aviones. A esto hay que sumarle otros 24.750 euros procedentes de una "subvención FEDER Ayuda Estatal Plan Competitividad".

En su página web, Avialsa T-35, S.L. presume de disponer "de la mayor flota de aviones de extinción de incendios de España, se encuentra presente en varios países (Portugal, Marruecos, Senegal, etc) siendo un referente en el sector".

Avialsa T-35 es una de las empresas integradas en el holding Avialsa S.L.U. con domicilio social en Sagunto y creado en 1988.Otras empresas vinculadas a ese holding son Air Tractor Europe S.L.U., Avicanter S.L., Avitractor, S.L o Aviación Agrócila de Levante, S.A., entre otras.

EL AUDITOR PERDIO LOS PAPAPELES DE TRABAJO

En la auditoría de las cuentas del ejercicio 2013 ya aparece reflejada la denuncia del ex director general del Holding Empresarial Avialsa, Francisco Alandí Escrig, en la que éste reclama un total de 1.274.437 euros. Sin embargo, tanto el administrador único como los abogados de la sociedad consideraban que esa demanda carecía de soporte que justificara la existecia de la citada deuda, y por este motivo no han realizado una provisión de fondos al respecto en las cuentas de la sociedad.

Sin embargo, la operación en la que ha resultado detenido el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellanos, se inició a raíz de la denuncia del ex gerente de la empresa, en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la conselleria dirigida por Castellano --quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV-- a esta mercantil entre los años 2008 a 2010.

Además, en esa auditoría de las cuentas de 2013, los auditores dejan constancia de que los "auditores precedentes" han "extraviado" los papeles de trabajo del ejercicio anterior por lo que ha sido imposible "comprobar" el soporte del cálculo del "impuesto sobre sociedades consolidado de ejercicios anteriores".

"Ni pudimos satisfacernos mediante procedimientos alternativos de la razonabilidad y suficiencia de los activos y pasivos registrados en relación con dichos impuestos", precisan los auditores y añaden que esta "limitación" tampoco les ha permitido comprobar la razonabildiad de parte de las existencias al inicio del ejercicio, que suman 2.297.474 euros, ni satisfacernos mediante procedimientos alternativos sobre la razonabilidad de las mismas".

Por este motivo, el auditor deja claro que, dado que las existencias iniciales influyen en la determinación del resultado de las operaciones, no han podido determinar si hubiese sido necesario realizar "ajustes" al resultado de las operaciones y al patrimonio neto inicial.

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