Los Ayuntamientos colaborarán en la valoración de los destinatarios del fondo social de viviendas para desahuciados

Los Ayuntamientos participarán en las labores de valoración de los beneficiarios del fondo social de viviendas para el alquiler que el Gobierno pondrá en marcha a partir del próximo 31 de marzo y que está destinado a aquellas familias que han sido desahuciadas y que se encuentran en una situación de “especial vulnerabilidad”.

Así lo ha recordado en una entrevista concedida a Europa Press el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, quien ha celebrado que los Ayuntamientos vayan colaborar haciendo “lo que mejor saben hacer”, es decir, ayudar en el proceso de designación de los inmuebles valorando qué vecinos reúnen los requisitos para beneficiarse del plan.

“Los municipios aquí queremos echar una mano, queremos colaborar, queremos trabajar en un problema con el que estamos muy sensibilizados, y nuestra intención es echar una mano en toda esa parte de valoración sobre nuestros vecinos a la hora de determinar quiénes pueden optar a ese stock de viviendas”, ha explicado.

En este sentido, ha recordado que los Ayuntamientos, además de ser “la primera puerta a los ciudadanos”, cuentan ya con unos servicios de atención social básica en sus unidades de trabajo social gracias a lo cual disponen de “una base de datos muy importante sobre esas situaciones, muchas de ellas situaciones de riesgo, de exclusión social”, recuerda De la Serna.

Así, ha señalado que gracias al convenio que la FEMP suscribirá previsiblemente la tercera semana de este mes con los Ministerio de Economía, de Sanidad y Servicios Sociales, y de Fomento, con el Banco de España, la Plataforma del Tercer Sector y la mayor parte de las entidades financieras, serán los Ayuntamientos, es decir, quienes “mejor conocen el día a día de los vecinos en cada municipio”, los que ayuden a valorar los destinatarios de las viviendas.

INFORME SOBRE NECESIDAD Y RIESGO SOCIAL

Además, ha señalado que la elección de los municipios para realizar esta tarea pone remedio a “una de las preocupaciones de las propias entidades financieras”, que pasa por que no tengan la seguridad de que los pisos que pongan a disposición “realmente vayan a parar a manos de aquellas personas que lo necesitan”.

De este modo, en virtud del convenido, los servicios sociales de Ayuntamientos y Diputaciones serán los que emitan, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de la vivienda, al objeto de priorizar entre los demandantes. El plazo para la emisión del informe será de quince días.

Tal y como informó el Ministerio de Economía, el fondo se constituirá con unas 6.000 viviendas propiedad de las entidades financieras para las que se fijarán mensualidades de “escasa cuantía”. A ellas podrán acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que, además, se encuentren en “situación especial de vulnerabilidad social”.