BNG y AGE comparan el peligro del cianuro en minería con el Prestige y, con el PSdeG, piden prohibir su uso

La propuesta de ley impulsada por el BNG para prohibir el uso de cianuro en la minería se ha encontrado la negativa de la mayoría popular para su tramitación en el Parlamento de Galicia, en un debate en que los nacionalistas y AGE advirtieron de que el peligro de utilizar este compuesto se puede comparar a la catástrofe del 'Prestige'. El PSdeG también votó a favor de la iniciativa.

La defensora de la propuesta, la diputada nacionalista Ana Pontón, quien subió a la tribuna ataviada con una camiseta de 'Nunca Máis', ha hecho hincapié en la necesidad de actuar bajo el “principio de precaución”, es decir, prevenir una catástrofe similar a la del petrolero.

Además, Pontón ha defendido “endurecer” la cuestión financiera para las empresas mineras para que, en el caso de daños medioambientales, sean las promotoras mineras las que se hagan cargo de los gastos, y no como, ha vuelto a comparar, ha ocurrido con la catástrofe del 'Prestige', que once años después se saldó sin establecerse indemnizaciones civiles que abonen los fletadores del barco.

“El principio de precaución debería regir para las costas y también para la minería”, ha manifestado Ana Pontón, quien ha arremetido contra la política minera del PP, que, ha dicho, quiere “convertir a Galicia en una colonia”. Frente a ello, hay que potenciar un modelo sostenible“, porque el uso del cianuro es ”veneno para hoy y veneno para mañana; muerte para hoy y muerte para mañana“.

Por su parte, el diputado de AGE Antón Sánchez, que también viste con una camiseta de 'Nunca Máis', describió a modo de “pesadilla” un paralelismo entre un accidente con cianuro en Corcoesto --cuyo proyecto minero por ahora está paralizado-- y el siniestro del 'Prestige'.

En su sueño, el año 2023, “Ángel Carromero era vicepresidente del Gobierno” y decía que “solo había hilillos de lixiviados”, mientras que el conselleiro Agustín Hernández, ya como miembro “del consejo de administración de Gas Natural Fenosa” decía, “diez años después” y tras una sentencia por la que la “empresa canadiense no paga un duro”, que la declaración de impacto ambiental había sido la “correcta”.

PIONEROS EN LA DEFENSA DEL MEDIO

Ana Pontón ha incidido en que sobre esta técnica “alertan todos los científicos” por las consecuencias que pueden tener y ha proclamado que Galicia tiene con una ley como ésta “la oportunidad de ser pioneros en defender el medio ambiente”.

“Preferimos que Galicia mantenga sus valores naturales que una empresa extranjera cotice más fuera”, ha sentenciado la diputada nacionalista. Al hilo, Antón Sánchez ha lamentado que, a “diferencia de lo que hicieron los viejos del país plantando árboles sabiendo que no iban a disfrutar de ellos”, ahora se “apueste por soluciones que dejan un mundo peor para los nietos”.

Por su parte, la diputada socialista Patricia Vilán ha defendido que se tramite esta propuesta legislativa, que está avalada por las asociaciones ecologistas, porque su formación está a favor de “prohibir” el uso de cianuro y de “suspender” todos los proyectos mineros que empleen esta química para su técnica extractiva.

Así, la parlamentaria del PSdeG, que las consecuencias del accidente de Rumanía en el año 2000, también apeló a que además de los científicos y ecologistas, también instituciones como el Valedor do Pobo apuesta por “revisar el uso del cianuro”. “Ésta es la oportunidad de hacer caso a la sociedad civil y a la institución del Valedor”, ha animado Vilán, quien considera “necesaria” la reforma de la ley de minería.

Al respecto, por parte del PPdeG, Aurelio Núñez Centeno ha mostrado su sorpresa por que “en un plazo tan pequeño” socialistas y nacionalistas quieren modificar una ley que se aprobó en la época del bipartito y se preguntó por qué no se incluyó esta prohibición, toda vez que el accidente en Rumanía ocurrió en el año 2000.

En todo caso, ha subrayado que la legislación vigente ya prevé “límites y cautelas suficientes”, y ha advertido de que la propuesta llevada por el BNG supondría el “cierre” de minas, con las consecuencias que ello tendría sobre el empleo.

Asimismo, aseguró que las consecuencias de un accidente por cianuro sólo son “a corto plazo y duran días”, no “implica impactos a largo plazo”, y ha recordado que el uso de este compuesto químico no está prohibido por la Unión Europea.

Ana Pontón se quejó de la ausencia del conselleiro de Medio Ambiente, Agustí Hernández, en el debate, pese a lo cual sí que acudió a votar, y lo achacó a que “estaba muy ocupado en su cuenta de Twitter debatiendo con miembros de Adega sobre la propuesta a debate”.

Concretamente, el conselleiro respondía a una crítica de Adega en su cuenta personal de esta red social que la Xunta “está a favor de la minería sostenible, respetuosa con el medio ambiente y que cumpla toda la normativa de Galicia, España y la UE”.

MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA DE LEY

El BNG motiva esta ley en base a que las empresas explotadoras “no cuentan con seguros a largo plazo” que cubran los costes en caso de accidente o funcionamiento defectuoso en el futuro y en que este tipo de sistema genera “una gran cantidad de residuos mineros en las zonas de extracción”, mientras que entre un 25 y un 50 por ciento de oro se queda finalmente en la pila de residuos.

Advierten los nacionalistas en el texto de la iniciativa que los proyectos mineros de gran escala que emplean cianuro utilizan varios kilos de cianuro de sodio al año y que, un fallo en su transporte y almacenamiento, puede tener “consecuencias catastróficas”.

Los nacionalistas expresan que existen “alternativas” al uso del cianuro en la minería que pueden sustituir a esas tecnologías y también recuerdan que va en contra de la consecución de los objetivos de la UE de lograr un buen estado químico y proteger los recursos hídricos, así como la protección de la diversidad biológica, que “sólo se puede mediante la prohibición de las tecnologías a base de cianuro”.

La propuesta de ley impulsada contenía dos artículos, uno para prohibir el uso de este compuesto químico y otro para que las empresas mineras tuviesen un seguro de cobertura suficiente para hacer frente a las indemnizaciones por daños que cubra todos los gastos de las medidas de reparación destinadas a restaurar el estado ecológico y químico original de accidente o funcionamiento defectuoso.