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El BNG pide al Gobierno que renuncie a los partidos judiciales provinciales y transfiera competencias sobre demarcación

El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que pretende que la Cámara emplace al Gobierno a renunciar a su idea de establecer un único partido judicial por provincia y a transferir las competencias sobre demarcación y planta judicial a las comunidades autónomas.

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El BNG pide al Gobierno que renuncie a los partidos judiciales provinciales y transfiera competencias sobre demarcación

En su texto, al que ha tenido acceso Europa Press, los nacionalistas gallegos piden al Ejecutivo que retire su propuesta de modificar la Demarcación de Planta, que implica la eliminación de los partidos judiciales actuales para concentrar sus sedes en las capitales de provincia.

Esta es una de las propuestas realizadas por los expertos nombrados por el Ministerio de Justicia para elaborar un informe sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que el ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón, ha hecho suya.

Según el BNG, la creación de un único partido judicial por provincia --exceptuando Madrid y Barcelona-- alejaría la administración de justicia de los ciudadanos y dificultaría y encarecería el acceso a la misma.

Los nacionalistas argumentan que de sarlir adelante esta propuesta, ciudades del tamaño y las características de, entre otras, Vigo, Ferrol, Santiago de Compostela, así como municipios de dimensiones relevantes que son cabeceras de comarca se verían privadas de partido judicial, que "provocaría un auténtico caos y empeoraría el servicio a la ciudadanía".

GALLARDÓN, "APLICADO EN EMPEORAR LA JUSTICIA"

"En lo que va de legislatura, el Ministerio de Justicia se ha aplicado en empeorar la justicia, el derecho de acceso a la tutela judicial y el propósito de asentar una justicia para quien se la pueda costear, dejando a las mayorías sociales en una situación de desprotección mayor", denuncian las diputadas del BNG, recordando el nuevo sistema de tasas judiciales, expulsión de trabajadores públicos de la Justicia y los rumores de próxima privatización del Registro Civil.

Además, en su proposición no de ley, el BNG reclama al Gobierno que impulse una reforma "en profundidad" de la organización de la administración de justicia, que pase por la transferencia a las comunidades autónomas de la competencia exclusiva sobre la delimitación de la demarcación y planta judicial, y permita acometer una revisión "que asegure el mantenimiento de partidos judiciales en las ciudades y los municipios de mayor población y aquellos que sean cabeceras de comarca".

En la misma línea, plantean que el Congreso inste al Ejecutivo a llevar a cabo una racionalización de la justicia, "apartada de una visión corporativista y centralista" y elaborada "de forma consensuada con los profesionales, organizaciones y colectivos sociales del ámbito jurídico, fundada en los criterios de respeto al derecho a la tutela judicial, el acceso universal a la justicia, el acercamiento de la justicia a la ciudadanía y una mayor accesibilidad desprovista de costes añadidos"

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