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El BOE publica la suspensión, decretada por el TC, de la resolución independentista del Parlamento catalán

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la providencia del Tribunal Constitucional por la que se admite a trámite la impugnación, por parte del Gobierno, de la resolución de ruptura con España aprobada por el Parlamento catalán, y se decreta la suspensión tanto de la resolución impugnada como de su anexo.

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La suspensión entró en vigor el miércoles --fecha de interposición del recurso-- para las partes en el proceso pero desde su publicación en el BOE la resolución queda suspendida también de cara a terceros.

La resolución adoptada por el TC será comunicada personalmente a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; al presidente en funciones, Artur Mas, y a otros 19 altos cargos de Cataluña de que pueden incurrir en responsabilidades, incluso de carácter penal, si incumplen la suspensión.

En concreto, se les advierte "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

Este apercibimiento, que se adopta de forma inédita por el tribunal de garantías, había sido solicitado expresamente por el Gobierno en el texto de su impugnación, en el que se pedía que esta providencia se notificara a un total de 21 altos cargos, apercibiera de las consecuencias de ignorar esta decisión y añadiera la prohibición también expresa de que la cámara autonómica pueda emprender iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.

En la providencia, dictada tras unas dos horas y media de deliberación, el TC aplica por primera vez el articulo 87.1 de su Ley Orgánica, a demanda de la Abogacía del Estado.

No obstante, el tribunal de garantías no acoge todas las peticiones del Gobierno, ya que en su providencia no hace mención a la aplicación por el momento del artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), incluido tras la reciente reforma de esta norma y que incluye la posibilidad de suspender en sus cargos a quienes incumplan sus resoluciones.

Tampoco se menciona en la providencia el delito concreto en el que Forcadell, Mas, y el resto de cargos advertidos podrían incurrir y que el recurso de la Abogacía del Estado concretaba como de desobediencia.

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