Bachelet propone que los tribunales decidan los beneficios a los represores encarcelados

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió al Senado un proyecto de ley que elimina el indulto presidencial para condenados por violaciones a los derechos humanos y entrega a los tribunales la concesión de beneficios a aquellos con enfermedades terminales.

Así lo confirmaron hoy fuentes legislativas y judiciales, luego que el diario El Mercurio publicó los aspectos principales del proyecto, que ingresó al Senado este martes, festivo en Santiago por la visita del papa Francisco.

El texto, según el rotativo, propone establecer “la no procedencia del indulto particular respecto de las personas condenadas por crímenes o simples delitos de lesa humanidad, de genocidio o de guerra”.

En general, la iniciativa plantea regular los criterios que deben considerarse para la obtención “de permisos de salida, libertad vigilada y rebaja de condena”, y que los reos, además de cumplir con los requisitos generales que cada institución jurídica exige, aporten antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en causas criminales por delitos de la misma naturaleza, y que demuestren su arrepentimiento“.

En ese contexto, de aprobarse el proyecto, será “el tribunal de garantía el que podrá disponer el reemplazo de la pena privativa de libertad por la de arresto domiciliario total”, lo que según el senador Pedro Araya, de la comisión de Constitución de esa rama legislativa, “tiene un claro fundamento humanitario”.

Comentó que aunque la iniciativa tiene un sentido más amplio, el debate se va a centrar en las personas que cumplen penas por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco, una prisión especial en la hay unos 130 agentes de la dictadura de Augusto Pinochet.

Los familiares de esos presos, la mayoría de edad avanzada y muchos afectados por enfermedades terminales, han demandado desde hace tiempo que se les permita morir junto a sus familias.

Esta semana, los familiares solicitaron incluso la intercesión del papa Francisco, a través de una carta entregada en la nunciatura apostólica.

Aunque las autoridades carcelarias en algunos casos han otorgado libertad vigilada, arresto domiciliario u otros beneficios respaldados por el tiempo cumplido de la pena o la buena conducta del preso, a veces esas medidas son recurridas ante los tribunales, que han aprobado algunos casos o rechazado otros.

Esto último porque los familiares de las víctimas de la represión han recurrido esas decisiones, sobre la base del no reconocimiento de los crímenes o ausencia de arrepentimiento de parte de los condenados.

El proyecto, según la publicación, sustituye por el término “beneficio” en lo relativo a la libertad condicional, en vez de la expresión actual “derecho”, que es interpretable y punto central de las controversias.

Mario Carroza, magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago designado juez especial para casos de violaciones a los derechos humanos, dijo a El Mercurio que el proyecto “se venía gestando hace tiempo” y opinó que, en su opinión, “genera consenso, porque se refiere a beneficios y trato a enfermos.

El texto “no se refiere a la edad de los condenados para cumplir condena en domicilio, que es un tema que también divide las opiniones”, señaló.

El año pasado murieron tres antiguos represores presos en Punta Peuco que habían solicitado el indulto presidencial con resultados negativos.

Durante la dictadura de Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.