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Baltasar Garzón reclama a la ONU que presione a España para que se investigue las desapariciones del franquismo

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha reclamado este lunes a la ONU que presiones a España para que se investiguen las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la Dictadura españolas, así como a emprender las reformas necesarias para que éstas no se consideren crímenes sujetos a la Ley de Amnistía de 1977.

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"Lo que me parece terrible es la indiferencia de los gobiernos de España y de toda la clase política por la suerte de las víctimas de Franco y el sufrimiento de los familiares que dejaron atrás", ha señalado Garzón ante la ONU.

En la misma línea, el exmagistrado de la Audiencia Nacional ha recordado que 75 años después ya "es hora de que los españoles se pongan de acuerdo para decir que ocurrió algo muy malo".

El llamado Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) está revisando desde este mismo lunes y hasta el próximo día 15 la situación en España y Argentina.

La base de datos elaborada por el Juzgado de Instrucción Penal número cinco --que en su momento ocupó el juez Baltasar Garzón que inició una investigación sobre los crímenes del franquismo-- contiene información sobre más de 114.000 victimas.

La ONU ya reclamó al Gobierno de Mariano Rajoy que derogue la Ley de Amnistía de 1977 para abrir "con urgencia" una investigación sobre las desapariciones y los crímenes cometidos durante el franquismo tras la visita a España a finales de septiembre de un grupo de trabajo a España para conocer cómo se estaban investigando las desapariciones del franquismo.

"Es lamentable la situación de impunidad en los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura. No hay una investigación penal efectiva en curso ni ninguna persona condenada", denunciaron los expertos de la ONU que visitaron España.

Las conclusiones de este Comité -- integrado por diez expertos independientes-- se conocerán el próximo día 15 de noviembre tras haber escuchado a representantes del Gobierno, ONGs y organizaciones en defensa de los derechos humanos.

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