“Bandido bueno, bandido muerto”, la premisa detrás de guerra que asfixia Río

Más de la tercera parte de los habitantes de la ciudad brasileña de Río de Janeiro apoya la máxima “bandido bueno es bandido muerto”, un “cheque en blanco” para la policía, que alimenta la “guerra sucia” en un país donde las fuerzas de seguridad matan a nueve personas al día en promedio.

El informe “Olho por Olho?” (¿Ojo por Ojo?), presentado hoy en Río de Janeiro, revela que el 37 % de los cariocas está de acuerdo con la premisa “Bandido bueno es bandido muerto”, un polémico planteamiento más respaldado por hombres que por mujeres y con mayor predicamento entre católicos que entre evangélicos.

El 60 % de los consultados no está de acuerdo con la máxima y, de ellos, el 40 % no considera justificable el linchamiento ni apoya la pena de muerte en Brasil.

La mitad sostiene que los “bandidos” no merecen derechos porque no respetan a los demás y para el 25 % el problema de la criminalidad se resolvería si la policía tuviera “carta blanca” para matar a los delincuentes.

Además, la encuesta destaca que el 64 % de los habitantes de Río desconfía de la acción de la Justicia y estima que las posibilidades de que un delincuente termine castigado penalmente son “bajas o muy bajas”.

La encuesta, realizada por el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (Cesec) de la Universidad Cándido Mendes, revela también la profunda desconfianza de los cariocas hacia las fuerzas de seguridad: el 69 % opina que la policía no sabe distinguir a un trabajador de un bandido.

De hecho, hombres (66 %), negros (63 %), jóvenes (69 %) y vecinos de las favelas (59 %) se consideraron víctimas “probables” de la violencia policial.

El 62 % denuncia que la policía de Río de Janeiro “mata demasiado”, el 66 %, que es más dura con negros que con blancos, y el 75 % coincide en que es más violenta en las favelas que en el resto de la ciudad.

Aunque la encuesta se realizó durante el pasado año, con una muestra de 2.350 personas, su divulgación coincide con el escándalo provocado por la difusión de una grabación en la que se ve a dos policías rematando a dos sospechosos heridos y desarmados en el suelo y por la muerte de una niña de 13 años que recibió cuatro impactos de balas perdidas en el patio de su colegio.

Desde el comienzo de año Río de Janeiro ha registrado 182 muertes en intervenciones policiales, un 78,4% más que en el mismo periodo de 2016.

La brutalidad policial en Río está en la línea con la media general del país a juzgar por los últimos datos oficiales, recogidos por el Fórum Brasileiro de Seguridad Pública, que revelan que la policía brasileña mató en 2015 a 3.320 personas, un promedio de nueve por día.

Uno de los factores que inciden en este nivel de violencia policial es “la tolerancia y el apoyo de parte de la población al uso extremo de la fuerza”, denuncian los coordinadores del estudio.

Términos como “bandido bueno es bandido muerto” o “Derechos humanos son para humanos derechos” se utilizan para justificar el uso de la violencia institucional con la actuación de las milicias (grupos paramilitares) y los llamados grupos de exterminio, continúan.

De hecho, encuestas nacionales revelan que, en ciudades con más de 100.000 habitantes, el 57 % de la población está de acuerdo con ese planteamiento.

En Río, pese a los altos índices de violencia, la cifra es del 37 % y “el objetivo es que sea del cero por ciento. Aunque es menor que la media nacional, es un escenario preocupante”, señala Ignacio Cano, uno de los coordinadores del informe.

La encuesta subraya también que para los cariocas el control de la criminalidad y el respeto a los derechos humanos no son compatibles.

Un 73 % estima que los derechos humanos obstaculizan el combate contra el crimen y un 56 % opina incluso que este tipo de derechos sólo defiende a los delincuentes.

Para el 79 % el endurecimiento de las penas reduciría la criminalidad, y el 86 % es favorable a que los adolescentes responsables de un crimen grave sean juzgados como adultos.

“Pensar que un aumento de la tasa de encarcelamiento acaba con la criminalidad es un error”, asegura Julita Lamgruberg, también coordinadora de la encuesta.

Es necesario “establecer un diálogo con la población, recuperar el tiempo perdido y explicar que los derechos humanos son importantes. Si los derechos humanos no son para todos, no hay derechos humanos”, concluye.