Barberá sigue el camino de otros dirigentes del PP que antepusieron los sillones al partido

Rita Barberá es la última de la lista, pero antes hubo otros. Las sospechas de corrupción que se ciernen sobre el Partido Popular se han llevado por delante las carreras políticas de una larga lista de dirigentes populares en los últimos años. Barberá, historia viva del PP desde hace dos décadas, la mujer que recibía elogios públicos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hasta hace nada, ha decidido abandonar al partido pero mantenerse en la institución: pretende seguir con su acta en el Senado y por tanto conservar el aforamiento durante los tres años que le quedan como representante de la Comunidad Valenciana en la Cámara Alta.

Según su propia explicación que dejó por escrita en un comunicado de un folio, dejar el escaño “podría entenderse como una asunción de responsabilidad” en el caso de blanqueo de dinero por el que se le investiga.

La estrategia de tener más respeto con el partido que con las instituciones públicas tampoco es nueva entre los populares. La adoptó el exdiputado Pedro Gómez de la Serna: abandonó las siglas del PP el pasado enero cuando trascendió que estaba siendo investigado por el cobro de comisiones ilegales junto a otro histórico del PP, Gustavo de Arístegui, exembajador en India y Venezuela, para conseguir negocios en el extranjero a empresas españolas. De la Serna mantuvo su escaño en el Congreso durante la pasada legislatura hasta que en los comicios de junio ya no repitió como candidato y perdió el aforamiento.

Fue lo mismo que hizo otro viejo conocido de Barberá, el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa. En 2011 renunció como número dos del partido por los escándalos de Gürtel pero se mantuvo en el Parlamento regional hasta 2015.

Incluso Esperanza Aguirre cuando anunció su renuncia a la presidencia del PP madrileño el pasado febrero, acuciada por los titulares de Púnica y la imputación de excolaboradores directos como Francisco Granados, optó por seguir en el Ayuntamiento de Madrid y mantener su sueldo municipal para hacer oposición a la alcaldesa, Manuela Carmena.

Pese a esa prórroga que se autoconcede en el Senado, la imputación de Barberá, quien ya perdió la alcaldía de Valencia en la primavera de 2015, por un delito de blanqueo la convierte en otro cadáver político. Es la enésima dirigente en las filas del PP que tiene que hacerse a un lado por los casos de corrupción, uno de los asuntos que más ha erosionado al partido y que según las encuestas es la segunda preocupación de los españoles tras el paro.

En la misma Comunidad Valenciana, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps tuvo que dimitir cuando se supo que la red Gürtel le había pagado los trajes. Camps renunció en 2011, según explicó, para no perjudicar la campaña de Mariano Rajoy en plena carrera hacia La Moncloa.

El mismo caso costó también el puesto a la ministra Ana Mato el 27 de noviembre de 2014. El juez instructor del caso, Pablo Ruz, consideró que era “partícipe a título lucrativo” en los presuntos delitos de su marido, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. 

Del Consejo de Ministros cayó también el titular de Industria, José Manuel Soria, una vez que su nombre apareció asociado a empresas en paraísos fiscales y tras mentir públicamente sobre los negocios de su familia. Soria renunció en dos tiempos: primero, como ministro el pasado 15 de abril por los Papeles de Panamá. Y cuando se supo el pasado dos de septiembre que el Gobierno decidió mandarlo al Banco Mundial, tuvo que dar marcha atrás de nuevo, para frenar el desgaste que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, estaba sufriendo. 

Por el sumario Púnica también renunciaron en el último Gobierno regional del PP en Madrid, los consejeros Francisco Victoria y Lucía Fígar. Ambos están acusados de cargar a las arcas públicas trabajos de propaganda en Internet. En este caso abandonaron los cargos públicos y las responsabilidades en el partido.