Barkos cree una “salvajada” que se pida suprimir el convenio navarro

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, cree que sería “una salvajada”, fruto de la “ignorancia” o la “irresponsabilidad política”, que se pida suprimir el convenio navarro y el concierto vasco, cuestionados por algunas autonomías de régimen común, que se quejan de las desigualdades en financiación.

“No sé si hay ignorancia o irresponsabilidad política si alguien plantea las cosas en estos términos”, ha respondido tajante en una entrevista con Efe al ser preguntada por los recelos que los sistemas forales de financiación despiertan en algunas comunidades.

A su juicio, se trata de algo “enormemente peliagudo y delicado”, ya que está contemplado en la disposición adicional primera de la Constitución, y plantear “su supresión” le parece, en términos políticos, “o una salvajada o que no se conoce la realidad”.

Con “los números en la mano, a muchas comunidades no les interesaría”, ha avisado sobre la posibilidad de que se supriman o se revisen.

Ha indicado que Navarra, cuando se termina el dinero para pagar los servicios o los contratos, no tiene a “dónde llamar”, más allá de la deuda que sean capaces de contratar en el ámbito financiero, a diferencia de las autonomías de régimen común, que acuden al Gobierno.

Barkos ha adelantado que ya han comenzado las negociaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy para la renovación del convenio económico navarro, un asunto que era urgente acometer, porque debería haberse actualizado en 2015, al tratarse de una “herramienta de autorresponsabilidad financiera” y de solidaridad con el conjunto del Estado.

Desde Navarra, según ha reconocido, ya tienen las cuentas hechas para que el asunto se haga con “enorme rapidez”.

El Gobierno foral pondrá sobre la mesa un estudio pormenorizado de metodología sobre cada partida de los Presupuestos Generales del Estado, en el que se han analizado los más de 8.000 asientos de las cuentas estatales.

Se ha estimado el coste de cada carga transferida a Navarra -por las que no se paga nada al Estado-, de las no asumidas por la comunidad -que se abonan al cien por cien al Gobierno- y de las que están asumidas en parte, que es “donde entraña la dificultad”, ha precisado, sobre el porcentaje a pagar.

Tras recordar que Navarra aporta no por el porcentaje de población (1,3 % del total) sino por el de renta (1,6 %), ha señalado que Navarra contribuye de más cada año al Estado entre 250 millones de euros y 150 millones. “No se trata de pagar menos -ha continuado-; se trata de pagar lo justo”.

“Unidad territorial”

Sobre la reciente propuesta aprobada por el Parlamento foral de modificar el amejoramiento, Barkos se ha referido a la reforma de otros estatus de autonomía y ha considerado “necesario” adecuar el texto a las nuevas leyes.

Y se ha quejado del incumplimiento “sistemático” por parte del Estado en cuestión de transferencias de competencias pendientes, como la de tráfico.

La propuesta contempla que el texto final de la reforma sea votado en referéndum por los navarros, ya que el amejoramiento no lo fue en su momento, y ha advertido, en referencia a UPN, de que “nadie pretenda creer” que su Gobierno y el cuatripartito que lo sustenta quieren “subvertir la voluntad ciudadana”.

Barkos, que ha indicado que “la salud” del cuatripartito “va muy bien”, ha agregado que la nueva Ley de símbolos, aprobada por el Parlamento foral, permitirá que ondee la ikurriña cuando los ayuntamientos así lo decidan.

Después de subrayar que ella se identifica con la bandera de Navarra, ha destacado que también siente como propia la ikurriña, aunque no la tiene en su despacho de presidenta, porque es consciente de que no es compartida por toda la ciudadanía.

Con todo, ha apuntado que la mayoría de los pueblos del norte de la comunidad sienten esa bandera como propia y que, ya en 1990, una ley aprobada por los socialistas permitía que por mayorías municipales, junto con las banderas oficiales, se colocara la ikurriña.

En este contexto, ha negado rotundamente que esa ley sea un peaje a Bildu por apoyarla en el Gobierno y ha reivindicado la pluralidad de la comunidad navarra.

También ha hablado de la reforma de la Constitución y ha sido para mostrarse partidaria de cambiar “el papel de defensor estricto de la unidad territorial” del Ejército y reforzar la disposición adicional primera, relativa a los derechos históricos.

Además, ha definido de “perfectamente correctas” las relaciones con la casa real, a pesar de la decisión del Gobierno foral de no contar con la presencia de los Reyes en la entrega del premio Príncipe de Viana, como había sido tradicional en las dos últimas décadas.