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Berlín fija un año mínimo de carencia para pasar del Gobierno a la empresa
El Consejo de Ministros alemán aprobó hoy un proyecto de ley para fijar un periodo de carencia de entre 12 y 18 meses antes de pasar de una responsabilidad en el gobierno a la empresa privada si se detecta un conflicto de intereses, regulación inexistente en el país hasta el momento.
Según explicó el Ejecutivo en un comunicado, los miembros del Gobierno, incluidos los secretarios de Estado, deberán informar durante los 18 meses siguientes al abandono del cargo de su intención de trabajar para el sector privado.
Un comité consultivo evaluará la existencia de posibles conflictos de intereses y podrá prohibir su incorporación a la empresa privada durante un año, por regla general, aunque el plazo podrá ampliarse a 18 meses.
Durante ese periodo el afectado tendrá derecho a cobrar una indemnización.
El objetivo de la norma, subrayó el Ejecutivo germano, es no dañar la confianza ciudadana en la integridad del Gobierno y, al mismo tiempo, dar seguridad a los afectados ante “críticas injustificadas”.
El proyecto llegó a la mesa del Consejo justo tras conocerse la decisión de la secretaria de Estado de Transporte, Katherina Reiche (miembro de la Unión Cristianodemócrata de la canciller, Angela Merkel), de abandonar el cargo para convertirse en directora ejecutiva de la Asociación de Empresas Municipales.
El cambio es uno más en la lista de saltos a la empresa privada de los políticos germanos, algunos rodeados de fuertes polémicas, como el del excanciller socialdemócrata Gerhard Schroeder.
En 2015, apenas dos meses después de perder las elecciones frente a Merkel y de haber auspiciado la firma de un acuerdo entre la rusa Gazprom y los consorcios alemanes BASF y E.ON para tender un gasoducto en el mar Báltico, Schroeder fue nombrado presidente del consejo de vigilancia de ese proyecto.
Las organizaciones no gubernamentales LobbyControl y Transparencia Internacional Alemania criticaron el proyecto, que reclamaban desde hace años, al considerarlo insuficiente y apostaron por un periodo de carencia de tres años.
A su juicio, la norma no será efectiva tampoco si no se establecen sanciones para quien, por ejemplo, incumpla la obligación de informar de sus nuevas responsabilidades.
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