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Dimite la consejera de Bienestar Social de Asturias aunque defiende su actuación "transparente"

Advierte de que las normas futuras "no vinculan jurídicamente" y lamenta que valga todo para hundir al adversario político

Díaz  ha comparecido para informar acerca de su relación con la empresa Davelco S.A., que fue subcontratada por empresas constructoras en obras públicas

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La consejera de Bienestar Social de Asturias anuncia su dimisión aunque defiende su actuación "transparente"

La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno de Asturias, la socialista Esther Díaz, ha anunciado este lunes que deja el cargo. "No quiero ser un obstáculo", ha dicho, antes de lamentar que haya sido sometida a un "escarnio público". "Podré haberme equivocado, pero no soy una corrupta", ha afirmado.

Díaz ha hecho pública su decisión en la Comisión de Presidencia de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), donde ha comparecido a petición propia para informar acerca de su relación con la empresa Davelco S.A., que fue subcontratada por empresas constructoras en diversas obras públicas.

Esther Díaz, ha dicho que presentará "de forma inmediata" su renuncia al presidente autonómico, Javier Fernández, para dejar de ser "blanco fácil" de críticas que dañen al Gobierno asturiano o al PSOE. No obstante, ha asegurado que "no" ha incumplido la legalidad vigente y ha defendido su actuación "transparente".

Díaz, la primera consejera asturiana que dimite en esta legislatura, aseguró que "nunca" ocultó ni camufló su patrimonio, ni utilizó "argucias legales para disimularlo". Además, ha remarcado que "nunca hubo reparos ni se pidieron aclaraciones sobre posibles incompatibilidades" en su declaración de bienes y patrimonio.

"He venido aquí a desnudarme de manera metafórica", ha asegurado durante su comparecencia, en la que ha lamentado el daño que se ha hecho en los últimos días "al buen nombre de empresas" y a su trayectoria política que, sostiene, ha estado marcada por la "honestidad".

"Con la conciencia tranquila"

Esther Díaz ha asegurado que se va "con la conciencia tranquila" después de 22 años como afiliada al PSOE y de haber sido alcaldesa de Langreo y consejera de Bienestar Social y Vivienda, remarcando su "fuerte vocación política" y su actuación "de buena fe". "No he vulnerado la ley ni he intentado esquivarla", ha resaltado, lamentando que, sin embargo, ya se dictó "veredicto" para su "deshonra" y ha sido condenada "a pena de picota".

Díaz, que ha tenido palabras de gratitud para Javier Fernández, ha defendido su actuación "transparente" tanto en su gestión como alto cargo de la administración local y autonómica como en la declaración de su patrimonio, que incluye un 19,8% de las acciones de la empresa Davelco.

"Nunca intermedié, presioné ni beneficié a empresas", aseguró advirtiendo de que las normas futuras "no vinculan jurídicamente porque no existen". De este modo, resaltó que el proyecto de Ley de Buen Gobierno --en el que se restringe el criterio de incompatibilidades hasta porcentajes del 10% de participación en empresas con contratos públicos, subcontratas o entidades subvencionadas-- aún no ha sido aprobado por el parlamento autonómico y por tanto, la que está en vigor es la norma de 1995. Al respecto, reiteró que no incurrió en incompatibilidades ni le fue advertida esa posibilidad.

FIJACIÓN DE POSICIONES

Desde UPyD, el diputado Ignacio Prendes, no ha puesto en duda que Díaz ni incurriera en incompatibilidades ni sea una corrupta, pero sostiene que "sí se ha equivocado". "La dimisión era la única salida que le quedaba porque podría haber incurrido en una falta grave de incompatibilidad", ha apuntado Prendes, para quien "la ética y de la estética deben ir parejas para ofrecer ejemplaridad", al tiempo que ha criticado "el silencio atronador" por parte de Javier Fernández.

Para el portavoz de IU, Aurelio Martín, Esther Díaz ha comparecido más como jurista que como consejera. "En política no basta con ser legal", ha remarcado el diputado de IU parafraseando al presidente asturiano, a la vez que ha matizado que "nadie la ha acusado de corrupción ni de tráfico de influencias". "Se deben buscar mejores prácticas que despejen cualquier sospecha y garanticen la ejemplaridad", ha recomendado.

El diputado del PP Fernando Goñi ha mostrado su preocupación por lo acontecido, apostando por reforzar mecanismos de control de cara al futuro. Así, anunció que desde el PP propondrán constituir una comisión que vele por la buena práctica del ejercicio tanto de los diputados como del Ejecutivo.

La portavoz de Foro Asturias, Cristina Coto, considera que Javier Fernández no debería haber permitido el nombramiento de Esther Díaz tras conocer su declaración de bienes y patrimonio. "Por qué ha tolerado esto", se ha preguntado, reprochando falta de coherencia con las "lecciones de ética que va dando".

Así, Coto entiende que el presidente tendría que haberla cesado antes, remarcando que la consejera no negó las informaciones publicadas sino que su defensa se centró en "cuestiones irrelevantes" como que estaba casada en régimen separación de bienes, que no participó en mesas de contratación o que Davelco actuó como subcontrata.

Por su parte, la diputada socialista Judit Flórez ha puesto en valor "el ejemplo" que ha dado Esther Díaz "desde la coherencia, la transparencia y la responsabilidad" en su comparecencia. La parlamentaria, que ha dicho no compartir algunos de los argumentos de los otros grupos, ha matizado que "un proyecto de ley no es vinculante".

"Existe un nivel de exigencia muy alto, pero ha dado un nivel de respuesta tan alto que algunos se deberían avergonzar por sus acusaciones, cuando no ha habido actividad ilegal", ha argumentado. "Su trayectoria y actitud le honran. Muchas gracias y mucha suerte", ha concluido.

Finalmente, Esther Díaz ha querido matizar algunas declaraciones de los grupos, mostrándose especialmente crítica con los reproches hacia Javier Fernández. Así, dijo que no consentirá que se ponga en duda la actuación del presidente, que atendió su petición de orientar sus comparecencias, tanto en rueda de prensa como en sede parlamentaria, para dar explicaciones y defender su honradez hasta anunciar su dimisión.

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