Birmania niega los abusos del Ejército contra la minoría rohinyá

Una comisión de investigación creada por el gobierno birmano negó que haya habido abusos contra la población civil en la operación militar en el noroeste del país que ha llevado a miles de personas de la minoría rohinyá a huir hacia Bangladesh.

El gobierno creó la comisión este mes con el encargo de aclarar las causas del asalto armado del 9 de octubre contra tres puestos de la policía fronteriza, atribuido a insurgentes rohinyá, y que desató la campaña de represalia del Ejército.

El organismo se formó tras las denuncias de activistas, que acusaron al Ejército de cometer ejecuciones, violaciones y quema de casas en aldeas rohinyá y después de que la ONU advirtiera de que esos crímenes constituyen graves violaciones de los derechos humanos.

Al menos 30.000 civiles, la gran mayoría de esta minoría musulmana, han sido desplazados por la violencia en la zona, cerrada por el Ejército al acceso de ayuda humanitaria, de la que dependían unas 150.000 personas, y observadores independientes.

El gobierno birmano ha negado las acusaciones y ha sostenido que la actuación de las fuerzas de seguridad se ha llevado a cabo de acuerdo con la ley, una afirmación que también sostiene la comisión.

Este organismo, liderado por el viceprimer ministro designado por el Ejército, el exgeneral Mynt Swe, atribuyó los incidentes a los atacantes, a los que calificó como terroristas, y aseguró que la operación militar ha puesto fin a la violencia.

“Las preocupaciones entre la población civil se han reducido y han aparecido señales de paz y estabilidad en la región”, indicó la comisión en su informe publicado hoy por el diario The New Global Light of Myanmar.

El informe también aseguró que los vecinos negaron que los militares violaran a una mujer y a sus dos hijas, a las que también asesinaron, tal como informaba el fin de semana el diario The Guardian.

La comisión añadió que ha consultado con el gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población civil y expresó su esperanza en que la prestación de ayuda humanitaria en la zona pueda reanudarse.

Human Rights Watch acusó ayer al Ejército de la quema de 1.500 casas desde el inicio de la campaña militar y exigió la apertura de la zona a la ayuda humanitaria, lo que también han reclamado la ONU y catorce misiones diplomáticas en el país.

Más de un millón de rohinyá viven en Rakhine, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria en 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos.

Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyá, sino que les considera inmigrantes bengalíes, y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.