“Brexit”, pilar social y crisis de refugiados centrarán el nuevo año en el PE

El acuerdo final de divorcio entre Bruselas y Londres, sobre el que la Eurocámara tendrá derecho de veto, centrará la agenda europarlamentaria en 2018, un año marcado igualmente por el pilar social y la crisis de los refugiados, coincidieron en señalar a Efe diversos eurodiputados españoles.

Aunque la Eurocámara quiere ver por escrito algunos compromisos de Londres como que en el futuro no existirá de nuevo una frontera física en Irlanda del norte, los eurodiputados consideran bien encarriladas unas negociaciones del “brexit” que coincidirán con nuevas citas electorales en la UE, elecciones de las que esperan no vuelvan a aflorar fantasmas populistas y euroescépticos.

“En los últimos doce meses, hemos conseguido desactivar diversas amenazas populistas en las elecciones de Holanda y Francia, además de frenar el proceso independentista en Cataluña de nacional populismo”, señaló a Efe el líder del PP en la Eurocámara Esteban González Pons, también vicepresidente del PPE.

Más allá de las citas electorales, su compañera de filas Pilar del Castillo abogó por centrarse en asuntos que dan valor añadido a la UE como su mercado único digital y llamó a sacarle todo el provecho en pro de los ciudadanos, pero también de empresarios, emprendedores y científicos.

“Ahondar en el futuro tecnológico es esencial para aumentar la capacidad europea de competir en el mundo”, afirmó la exministra del PP, que se felicitó por haber dejado atrás el “roaming” en la UE en 2017, un dossier en el que estuvo especialmente implicada.

Para los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, explicó a Efe la jefa de filas del PSOE, Iratxe García, dos de las grandes prioridades pasan por el desarrollo del pilar social europeo y la solidaridad con los refugiados.

“Es clave que la política económica en la UE se acompañe de política social para igualar a los ciudadanos”, señaló la eurodiputada más cercana al secretario general, Pedro Sánchez, que abogó por concretar finalmente las iniciativas de permiso parental y desarrollar un marco europeo de salarios mínimos.

El eurodiputado del PSC, Javi López, dijo desear para 2018 un “gobierno europeísta en Alemania” para impulsar nuevos estándares laborales y sociales básicos, pues “aunque la economía en términos macroeconómicos ha mejorado, persisten los daños colaterales en términos sociales”.

Respecto a la crisis de refugiados, en punto muerto en el Consejo, tanto García como López insistieron en que la responsabilidad no está del lado de Bruselas, sino de los gobiernos nacionales, que han incumplido sus obligaciones de reubicación.

“En el caso de España, solo se ha reubicado a un 14 % de refugiados”, recordó la líder del PSOE en el PE.

También desde el grupo de la Izquierda Unitaria europea se sumaron a la preocupación por los refugiados, que se explica, entre otros factores, por la “deriva autoritaria” y “de extrema derecha” de diversos gobiernos europeos, en palabras del portavoz de Podemos en el PE, Miguel Urbán.

“Las políticas de xenofobia dentro del Consejo Europeo han aumentado”, denunció el eurodiputado de la formación morada, quien añadió que alrededor del presidente francés, Emmanuel Macron, “se está creando un gran extremo centro” en la UE que “está permitiendo a la extrema derecha marcar la agenda”.

De cara a los próximos meses, Urbán dijo confiar, en unas declaraciones a Efe, en que se “detenga la sangría de puestos de trabajo” y la “precariedad laboral” que persiste en los países de la UE.

Para aumentar la dignidad social y la igualdad económica, también abogó por nuevas reformas fiscales más “valientes” contra las grandes corporaciones y fortunas, “la aristocracia que se niega a pagar impuestos”.

Por su parte, desde los Verdes europeos/Alianza Libre Europea, Jordi Solé (ERC) llamó al resto de la Eurocámara a “implicarse mucho más en el futuro de la UE”, unas reformas que permitan que algunos gobiernos estatales no puedan vetar sistemáticamente cualquier avance europeísta.

Solé también criticó lo que a su juicio es un “doble rasero” de Bruselas con Polonia y España a la hora de valorar la independencia judicial y después de que se haya activado el artículo 7 contra Varsovia por sus últimas reformas judiciales.

ERC, como otras formaciones independentistas, ha denunciado sin éxito al Ejecutivo comunitario la presunta falta de independencia del Poder Judicial español respecto a las causas contra los líderes secesionistas en Cataluña.