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Bruselas sigue con "interés" el caso de Alsasua y dice que Carta de DDHH de la UE impide penas "desproporcionadas"

El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha reconocido que siguen "con interés" el caso de los ocho acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) el 15 de octubre de 2006, para los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita un total de 375 años de cárcel por los delitos de lesiones y amenazas terroristas, y ha recordado que la Carta de Derechos Fundamentales de la UE exige que las penas "no pueden ser desproporcionadas al delito penal por el que son condenados".

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"La Comisión utiliza todos los instrumentos disponibles cuando es necesario, incluido los procedimientos de infracción, para garantizar el cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE", ha explicado Timmemans en su respuesta a una misiva de los eurodiputados del PNV, Izaskun Bilbao, de EHBildi, Josu Juaristi, de IU, Marina Albiol y de Podemos, Xabier Benito, para denunciar su caso.

Timmemans ha recordado que dicha Carta recoge que "las penas impuestas a personas no pueden ser desproporcionadas al delito penal por el que son condenados" y aunque no hay una sentencia "final" todavía, "la Comisión está siguiendo el resultado de estos casos con interés y se reserva su derecho de tomar acciones apropiadas como guardiana de los Tratados" y le da "mucha importancia al respeto de los derechos a un juicio justo de los ciudadanos".

También ha incidido en que "los Estados miembro están obligados a respetar los derechos consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea cuando aplican la legislación de la UE", incluido a la hora de aplicar la nueva directiva aprobada para combatir el terrorismo que introduce "normas mínimas sobre la definición de ofensas terroristas y relacionadas con el terrorismo".

No obstante, ha dejado claro que "la Comisión Europea no tiene competencias para intervenir en el día a día del funcionamiento del sistema judicial penal de ningún Estado miembro" y que la cuestión de determinar la culpabilidad o inocencia en relación con un delito penal "es una cuestión de las que sólo son responsables los Estados miembro, en este caso España".

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