Bruselas da un mes a Polonia para adaptar su ley judicial a las normas europeas

La Comisión Europea (CE) dio hoy el segundo paso en el procedimiento de infracción abierto a Polonia por su ley sobre la organización de los tribunales ordinarios, que considera incompatible con las normas europeas, y le dio un mes para tomar medidas antes de decidir llevarla ante la corte de Luxemburgo.

“Las autoridades polacas tienen ahora un mes para tomar las medidas necesarias para cumplir con este dictamen motivado. Si no toman las medidas apropiadas, la Comisión puede decidir remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La CE abrió un procedimiento de infracción contra Polonia por la controvertida ley el pasado 28 de julio, nada más entrar en vigor la reforma que modificó el funcionamiento de los tribunales regionales y de apelación, y envió una carta de emplazamiento al país en la que expresaba sus preocupaciones porque la reforma “socavase” la independencia de los jueces.

Varsovia respondió el 31 de agosto, pero tras analizar la réplica, la Comisión mantiene que la ley polaca amenaza la independencia de los magistrados y es “incompatible” con la legislación comunitaria, motivo por el que hoy envió el dictamen motivado al país.

La Comisión insistió en que “la independencia de los tribunales polacos podría verse minada” porque la ley da al ministro de Justicia poderes discrecionales para prolongar el mandato de los jueces una vez alcanzada la edad de jubilación, así como para despedir y nombrar a los presidentes de los tribunales.

El Ejecutivo comunitario cree que las nuevas normas permiten al ministro de Justicia “ejercer influencia sobre los jueces”, en particular, debido a los “vagos criterios” y la falta de un calendario para la prolongación de los mandatos.

Además, añaden en su comunicado, los poderes discrecionales para hacer nombramientos y despidos “permiten al ministro de Justicia ejercer influencia sobre los jueces se les han adjudicado casos que implican la aplicación de las leyes europeas”.

Señalan, por otra parte, que la norma introduce una edad de jubilación diferente para los jueces en función de si son mujer (60 años) u hombre (65 años), lo que constituye una discriminación de género.

Este procedimiento de infracción es independiente del diálogo sobre el Estado de Derecho que mantienen Bruselas y Varsovia desde enero de 2016 por la preocupación de la Comisión sobre las reformas judiciales aprobadas por el Gobierno conservador del país que, según el Ejecutivo de la UE, minan la independencia de los tribunales.