Burundi dará transporte a refugiados en Tanzania para acelerar la repatriación

El Gobierno de Burundi ofrecerá transporte, financiación y servicios a los refugiados burundeses en Tanzania que se han registrado voluntariamente para volver a su país, aseguró hoy el ministro de Interior y Patriotismo, Pascal Barandagiye.

Durante su visita a los campos de refugiados de Nyarugusu Nduta y Mtendeli, en Tanzania, que realizó conjuntamente con el viceministro tanzano de Interior, Hamad Masauni, Barandagiye criticó la lentitud con la que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) está llevando a cabo la repatriación a la que se comprometió en agosto.

Desde el 7 de septiembre, ACNUR ha devuelto a Burundi a 8.347 de los 33.948 refugiados que lo habían solicitado.

Algunos de ellos están replanteándose su decisión, y 735 han decidido no regresar a su país, informó el ministro, que aseguró que su Gobierno está dispuesto a cooperar para garantizar que el proceso de repatriación “se lleve a cabo con rapidez”.

Barandagiye reiteró que Burundi ha regresado a la paz y a la estabilidad política después de la oleada de violencia que obligó a unas 410.000 personas a huir del país desde 2015.

Por su parte, Masauni garantizó a los refugiados que Tanzania vigilará que sean tratados de acuerdo a los acuerdos internacionales, y ofreció la colaboración del Ejecutivo al que representa para agilizar su vuelta a Burundi.

Actualmente hay unos 210.000 refugiados y 26.400 peticionarios de asilo en tres campamentos superpoblados en la región tanzana de Kigoma, fronteriza con Burundi.

Por su parte, Ruanda se ocupa de unos 84.000; Uganda, de 45.000, y la República Democrática del Congo, de unos 41.000, mientras que otros países como Kenia, Zambia, Mozambique, Malaui y Sudáfrica acogen a comunidades más reducidas.

Burundi se encuentra sumido en el caos desde la oleada de protestas desatada en abril de 2015, cuando el presidente Pierre Nkurunziza anunció que se presentaría por tercera vez consecutiva a las elecciones, algo prohibido por la Constitución y que violaba los acuerdos que acabaron con una larga guerra civil diez años atrás.

Desde entonces, en el país africano han muerto centenares de personas y la ONU alerta de un posible genocidio.

La Corte Penal Internacional (CPI) anunció una nueva investigación sobre los crímenes cometidos en el país justo antes de que el Gobierno de Buyumbura hiciese efectiva su retirada del tribunal, por lo que mantuvo la jurisdicción que el Ejecutivo intentaba hacerle perder.