Las CCAA del PP apoyan la reforma local de Montoro, pero piden algunos ajustes y una mayor financiación

Representantes de los gobiernos autonómicos han intervenido ante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, que debate la incidencia autonómica de la reforma local y en la que participa también el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Por parte de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, vicepresidente y consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, ha alabado que el departamento de Montoro haya sido “valiente” al afrontar esta reforma y ha repasado la aportaciones hechas por su departamento a lo largo de la discusión del proyecto: para eliminar el coste estándar, sustituido por el coste efectivo, o para evitar la intervención directa de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.

Rueda ha admitido que una ley básica no puede recoger las peculiaridades municipales de cada autonomía y por eso ha pedido “flexibilidad” para su aplicación y para desarrollar una ley autonómica que sí atienda esos rasgos propios gallegos.

Y en este contexto, ha pedido también flexibilidad económica, que la reforma del sistema de financiación conceda a las autonomías dinero suficiente para ejercer las competencias que hasta ahora desempeñaban los municipios y que la reforma local les traspasa a ellas. Para ello, ha pedido que esa asunción de competencias “quede supeditada o condicionada o amparada por la aprobación del un nuevo sistema de financiación autonómica y local”.

QUEDAN ALGUNAS INCERTIDUMBRES

En términos parecidos se ha expresado Leticia Díaz, consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, que ha admitido las “incertidumbres” que plantea la aplicación de esta reforma por la financiación de esas competencias y los plazos establecidos para su traspaso de los ayuntamientos a las comunidades. Sin embargo, ha apostado por la “leal colaboración” para desarrollar la ley.

El vicepresidente del Gobierno valenciano y consejero de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar, ha defendido esta reforma en un momento en el que “la ciudadanía tiene una conciencia generalizada” de que las administraciones deben cambiar. “Es absolutamente necesario hacer reformas para que la administración sea eficiente, transparente, accesible y con capacidad de respuesta”, ha dicho.

Y aunque ha defendido el reparto competencial, ha añadido que será eficaz y se aplicará adecuadamente “sólo desde un nuevo modelo de financiación que contemple las previsiones de la reforma local”.

Por su parte, el consejero de Presidencia del Gobierno de Murcia, Manuel Campos, se ha mostrado a favor de la reforma, “que persigue clarificar las competencias para evitar duplicidades con otras administraciones, racionalizar la administración local, garantizar un control financiero y favorecer la iniciativa privada”, y ha destacado la “voluntad de acuerdo” del Gobierno, que ha aceptado modificaciones en el proyecto a lo largo de los meses.

MEJORA DE LOS PRIMEROS BORRADORES

Por el Gobierno de Aragón, el consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, ha recordado que la superficie de la comunidad es el 10 por ciento nacional pero no llega al 3 por ciento de población y está dividida en 731 municipios, de los que sólo cuatro, incluidas las tres capitales, sobrepasan los 20.000 habitantes. “Y con una elevada tasa de envejecimiento. Comprenderán la importancia de la ley, por la dificultad de llevar los servicios a todos los aragoneses”, ha dicho de entrada.

Suárez ha admitido que el proyecto de ley ha dado con el tiempo “un paso de gigante respecto a los primero borradores”. Se has mostrado de acuerdo con cómo se regulan las competencias y cómo se permitirá que los ayuntamientos desempeñen las que son propias de las comunidades si se cumplen los requisitos previstos. “Los municipios pueden seguir desarrollando otro tipo de competencias siempre que cumplan esos requisitos”, ha subrayado.

El consejero aragonés también considera positivo el papel dado a las diputaciones, que se respeta el modelo institucional de Aragón: municipios, comarcas y provincias. “Ahora bien, tal vez pudiera ser conveniente desarrollar la Disposición Adicional Quinta sobre el papel de las comarcas”, ha advertido.

Suárez ha sostenido también, como otros consejeros, que esta ley se debe ligar a la reforma de la financiación autonómica. “Es tan esencial que la propia ley ya reconoce en el capítulo de educación que todo queda supeditado a esa reforma”, ha añadido.

REFORMA FRENTE A INMOVILISMO

Por su parte, el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha defendido este proyecto frente a la “tendencia clara al inmovilismo” de algunos y ha felicitado al Gobierno por su valentía, ya que los ciudadanos piden “una reforma clara y contundente”.

Según ha resumido, esta reforma quiere aportar “racionalidad y sostenibilidad” a las administraciones y ha rechazado las críticas vertidas al proyecto. A su juicio, sólo delimitando competencias se podrán “superar errores del pasado”, desde “el profundo respeto que la norma tiene al municipalismo”.

Desde Extremadura, el consejero de Administración Pública, Pedro Nevado-Batalla, ha reconocido el papel de los ayuntamientos en la prestación de servicios y, aunque ha reconocido reticencias iniciales, ha asegurado que en la comunidad se sienten “satisfechos” con el texto que se encuentra aún en tramitación en las Cortes Generales.

También ha mostrado su apoyo a la ley el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, quien ha querido reconocer el papel de los alcaldes y concejales que “de manera abnegada y vocacional” dedican “horas de esfuerzo” a sus vecinos.

Pero además, ha reconocido la voluntad reformista del Gobierno para poner sobre la mesa debates “necesarios e imprescindibles para sacar a España del pozo negro en que la metieron los anteriores gobiernos socialistas”. Y en este contexto, se ha dirigido a Montoro para celebrar que él no tendrá que reconocer dentro de algunos años que “ocultó la verdad a los españoles por intereses electorales”, en referencia a las palabras del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre su gestión de la crisis.

Victoria se ha sumado a las peticiones de financiación para poner en marcha la ley, ya que tendrá “un impacto muy importante” en las cuentas públicas de las comunidades autónomas. “Es imprescindible la adopción de medidas de respaldo presupuestario”, ha subrayado ante el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

CyL, MUY CRÍTICA AL INICIO DE LA TRAMITACIÓN

Tras él ha intervenido José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de Presidencia y Portavoz de Castilla y León, una de las comunidades 'populares' más críticas con la reforma presentada por el Gobierno. El consejero ha repasado algunas de las oposiciones iniciales de su comunidad al proyecto, pero ha reconocido a Montoro que, si se consiguen “aquilatar” algunas cuestiones, la ley supondrá “un paso importantísimo” para la racionalización de las administraciones locales.

Además, ha valorado “muy positivamente” que el ministro haya anunciado se va a abordar la reforma de los modelos de financiación autonómica y local el próximo año. “Hemos sido críticos, pero usted ha entendido perfectamente las críticas y nuestras motivaciones”, ha trasladado al ministro.